n materia de vivienda la fuerza del mercado es muy superior al efecto de la intervención pública. Lo está comprobando el Gobierno de Navarra, uno de los que más VPO en compra y sobre todo alquiler promueve desde hace unos años, y que sin embargo es incapaz de frenar el alza de precios tanto en los arrendamientos como en la compra-venta. Se diga lo que se diga, la vivienda no es un derecho garantizado por los poderes públicos, sino un bien al que no todos pueden acceder.

Comprar o alquilar un piso supone la decisión de gasto más relevante que afronta cualquier persona. Quien, siendo joven, puede acceder a una vivienda con cierta facilidad -por apoyo familiar, por méritos propios o por otro motivo-, encuentra un camino mucho más despejado para desarrollar el proyecto personal y profesional que desee. Vivienda accesible es por tanto sinónimo de equidad, cohesión y una mayor igualdad de oportunidades.

La vivienda es política. Pero el mercado manda. Tras la crisis que el sector dejó atrás en 2014-2015, los precios no han parado de subir, impulsados por un apetito inversor indudable, porque ningún activo financiero garantiza rentabilidades anuales del 5%, 6% o incluso el 8% como hace el ladrillo. Una subida de tipos de interés como la que se avecina puede frenar ahora el mercado, pero difícilmente lo secará: la inflación al 8% se come los ahorros del banco.

Ante ello el sector público puede intervenir, pero, a pesar de las modificaciones legales, lo hace con timidez. Apenas 4.602 de las 19.230 casas iniciadas en Navarra entre 2013 y 2021 contaban con algún tipo de protección.

En este contexto, la apuesta por el alquiler protegido del Gobierno de Navarra tiene todo el sentido. Encaja en una sociedad con menos ataduras, donde los empleos son inestables y los salarios pierden poder de compra, y ayuda a generar una bolsa de pisos de titularidad pública que puede servir para regular a medio plazo un mercado del alquiler hoy disparatado.

Sin embargo, además de encontrarse con algunas trabas en ayuntamientos como el de Pamplona -la vivienda es política, no lo olvidemos-, esta apuesta carece de la ambición necesaria para que sus efectos sean visibles y se dejen sentir en capas más amplias, no solo entre las rentas más bajas. Es necesaria una oferta más abundante, de la que puedan beneficiarse aquellas personas que, disponiendo de unos ingresos medios, se ven abocados a un mercado libre que hoy se come la mitad del salario medio de un joven navarro.

Como quiera que el impulso de la vivienda protegida depende del Gobierno -su menor rentabilidad le resta atractivo e incluso la banca evita financiar los proyectos destinados al alquiler- la cuestión reside en encontrar los recursos necesarios para promoverla. Existen vías. Con dinero propio y con el dinero de otros, que todavía resulta más interesante. Los fondos Next Generation no deben servir solo para rehabilitar vivienda antigua, sino para promover en cantidad suficiente VPO de alquiler nueva, energéticamente sostenible. Y deben aplicarse con agilidad, para lo que es necesario disponer cuanto antes del suelo.

También la fiscalidad puede ser un arma para intervenir sin complejos en el mercado. Empujados por la inflación, los ingresos tributarios están respondiendo, lo que aumenta la capacidad de actuación; existe asimismo margen para mejorar la progresividad del IRPF que se aplica a las rentas del capital, muy inferior a las del trabajo. No resulta comprensible que alguien pague más a Hacienda por su salario que por cobrar dividendos o alquileres.

Y, finalmente, puede ser necesario tomar decisiones en otros ámbitos, venciendo las resistencias que sin duda aparecerán. Aunque Navarra ya no dispone de una entidad financiera en la que apoyarse -no parece que de momento el Instituto Navarro de Inversiones vaya a ocupar este papel- sigue existiendo una fundación Caja Navarra que gestiona un patrimonio de unos 200 millones de euros. De hecho, la entidad presidida por Javier Miranda ya ha impulsado de la mano de Nasuvinsa la promoción de vivienda social de alquiler en Entremutilvas. Podría seguir haciéndolo incluso con mayor intensidad, con lo que además diversificaría sus ingresos futuros, y será decisión del patronato que ahora se elige destinar a ello los recursos necesarios. Quizás haya llegado el momento de analizar si merece la pena vender una parte de las acciones de CaixaBank, cuya escasa rentabilidad ha penalizado la obra social de Caja Navarra en los últimos años. El mercado, también en eso, fijará el momento oportuno para hacerlo. l