Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han cumplido con lo que anunciaron y no han acudido a la reunión que se ha mantenido hoy en el Ministerio de Trabajo y Economía Social para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, según han indicado a Europa Press en fuentes patronales.

Poco antes del inicio de este encuentro, a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a los empresarios que cumplieran su "mandato constitucional" y les advertía de que en las mesas hay que estar "presente", pues no se negocia "en diferido" ni "desde fuera".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya había anunciado que las organizaciones empresariales no asistirían a la reunión convocada este miércoles por Trabajo, con el que consideran "roto" el diálogo después de haber introducido en la Ley de Empleo una enmienda para que la Inspección de Trabajo controle las causas alegadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Los empresarios españoles aseguraron que esa cuestión quedó fuera, de manera expresa, en las negociaciones de la reforma laboral para poder alcanzar un acuerdo, por lo que se oponen a hablar con Trabajo hasta que obtengan "una rectificación" por parte de la cartera de Yolanda Díaz.

Una propuesta por escrito

Poco después la CEOE planteaba por escrito una subida del SMI del 4% en 2023, lo que lo situaría en 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes, y con incentivos para el sector agrario.

La patronal explica que este incremento del SMI del 4 %, estaría por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2022 (3,03 %) y de la subida aplicada a los funcionarios (3,5 %).

Junto a la cifra, la CEOE supedita esta subida al cumplimiento de dos peticiones.

Por un lado, un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20 % sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes.

Y por otro, un cambio en la ley que rige los contratos del sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Solo los sindicatos se sientan a la mesa

Ante la ausencia de las patronales, en la reunión de este miércoles en el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del SMI han estado presentes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y los representantes de los sindicatos CCOO y UGT.

Sobre la mesa ha estado el informe de la comisión que asesora al Gobierno en materia de SMI, en el que se recomienda que esta renta mínima suba entre un 4,6% y un 8,2% para 2023 a fin de dar cumplimiento al compromiso de legislatura de elevar el SMI hasta el 60% del salario medio, que es también el objetivo que figura en la Carta Social Europea.

Con esta horquilla de porcentajes sugerida por los expertos, el SMI subiría desde los actuales 1.000 euros mensuales por catorce pagas a 1.046 euros en caso de elevarse un 4,6% y a 1.082 euros si la subida fuera del 8,2%. Los sindicatos son más partidarios de llevarlo directamente hasta los 1.100 euros.