El crecimiento del empleo, una constante desde 2013 e interrumpido únicamente por la pandemia, no basta todavía para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que sigue gastando en pensiones más de lo que ingresa en cotizaciones sociales. En toda España, pero también en Navarra, donde el año pasado, y según datos aún provisionales, se abonaron unos 270 millones más de los que se ingresaron.

Todo ello, pese a que la Seguridad Social recaudó por primera vez más de 2.000 millones de euros, gracias al incremento de la afiliación (por encima ya de 300.000 ocupados), especialmente a los nuevos ocupados de origen extranjero (cuatro de cada diez nuevos empleos totales son ocupados ya por este colectivo) y a que la tasa de paro se redujo hasta el 10%. Este comportamiento no es, sin embargo, suficiente para equilibrar las cuentas. Conseguirlo requeriría recaudar en torno a un 10% más, lo necesario para cubrir los 2.385 millones que se abonan en la Comunidad Foral para pagar todas las pensiones.

En todo el Estado el agujero también ha ido reduciéndose hasta cerrarse en 2022 en apenas un 0,5% del PIB. Se pagaron en pensiones unos 5.000 millones de euros más de lo que se ingresó. Las cotizaciones crecieron más de un 8% en 2022 y lo hacen en el primer trimestre a un ritmo de hasta el 9%.

Equilibrar las cuentas, tal y como están formuladas, precisaría, sobre todo, de una ampliación de las bases de cotización, subiendo salarios (algo no siempre sencillo en una economía que se basa en las pymes) y sobre todo incorporando nuevos trabajadores al mercado de trabajo. En estos momentos, Navarra cuenta con 2,13 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista. Son apenas dos centésimas más que el año pasado en estas fechas, cuatro más que en 2019, último ejercicio no impactado por la pandemia, o dos décimas más que hace una década, cuando el empleo estaba en su peor momento.

Es decir, aunque cada centésima cuenta, la relación mejora muy poco a poco. Y, a la espera de concretar el impacto de la reforma aprobada por el Gobierno, la relación debería dirigirse al menos hacia los 2,2 ó 2,3 afiliados por pensionista, una tasa que podría devolver el sistema al equilibrio entre ingresos y gastos, como sucedía hasta 2010-2011.

Algo ya se percibe en esta dirección, de hecho. En el último ejercicio, de la mano de la recuperación del empleo, la Seguridad Social incrementó sus ingresos un 8,2%, mientras que los pagos en pensiones crecieron bastante menos, un 4,9%, porcentajes similares a los que mostrará seguramente la delegación territorial de Navarra una vez que presente los datos definitivos.

Más inmigrantes y mejores salarios

En los próximos años, sin embargo, la jubilación de las generaciones más numerosas de la historia de España, la de los nacidos entre 1960 y 1976, obligará a acelerar la creación de empleo y a mejorar sustancialmente la productividad y, por tanto, los salarios, un camino sin embargo mucho más largo y complejo. No se consigue sin innovación y sin un tejido productivo capaz de generar el empleo de calidad y cualificado que recibe salarios elevados.

Quizá en este contexto se explica la disputa entre el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, y el de Seguridad Social, con José Luis Escrivá. Mientras este apuesta por flexibilizar la incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo, aumentando de este modo la oferta de mano de obra, la primera, apoyada por los sindicatos, considera que ha llegado el momento de obligar a las empresas a pagar algo más, aprovechando una cierta escasez de empleados, más acusada en territorios con bajos niveles de paro.

La solución pasa, seguramente, por combinar las dos fórmulas. Pero en cualquier caso, para la sostenibilidad de las pensiones resulta clave la aportación de los trabajadores de origen extranjero, que ocupan ya cerca del 50% del empleo que se ha creado en el último año en la Comunidad Foral, a pesar de suponer apenas el 11% de la población total. Su participación en el mercado de trabajo crece a un ritmo muy superior a la de los ciudadanos de nacionalidad española: un 9,73% en el último año, frente a un avance medio (españoles y extranjeros) del 2,08%. Una situación que se repite, amplificada, en territorios aun más envejecidos y con muy poco desempleo como Gipuzkoa, donde nueve de cada diez nuevos empleos los ocuparon inmigrantes.

Y el flujo de llegadas no se va a detener La AIReF mantiene en sus previsiones demográficas que la inmigración neta (la diferencia entre los migrantes que llegan a España y los españoles que se marchan fuera) será de en torno a 235.000 personas en los próximos años. Y que algo más adelante, a partir del pico de la jubilación del baby boom (hacia el año 2040), esta cifra aumentará hasta los 339.000 personas al año. Extrapolados a Navarra, los datos cantan: la Comunidad Foral precisará de unos 40.000 inmigrantes en las próximas tres décadas que contribuirán decisivamente al pago de las pensiones.

El envejecimiento de la población no solo golpea a Gipuzkoa o la Comunidad Autónoma Vasca, con una economía pujante. Define la catastrófica situación demográfica del noroeste de la península y de amplias zonas del interior, donde se combina una población en retroceso con la ausencia de tejido productivo suficiente. León y Asturias, con un pasado minero y un presente de decadencia, son dos de los territorios con peor desempeño económico de los últimos años. Ambas provincias apenas recaudan la mitad de lo que necesitan.

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De hecho, solo cuatro provincias (Madrid, Almería, Murcia y Baleares) ingresaron por cotizaciones sociales más de lo que pagaron por el conjunto de sus pensiones. Un desequilibrio mucho más acusado en la mitad oeste de la península, donde la presencia de población inmigrante es, por término medio, muy inferior a la de la mitad este y que se aprecia también si se eliminan de la ecuación las pensiones de viudedad, invalidez, orfandad y favor de familiares.

En este caso, tres cuartas partes de las provincias españolas ingresan ya por cotizaciones más de lo que pagan en pensiones de jubilación, con la excepción de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Teruel, Bizkaia y Gipuzkoa.  En unos casos por pura y simple despoblación y, en otros, por una combinación de envejecimiento y altas pensiones. La Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, disfruta de uno de los mejores niveles de empleo y renta del país, superando a Navarra. Pero su terrible situación demográfica, sobre todo en Gipúzkoa y Bizkaia, le obligaría a recaudar un 50% más en cotizaciones a la Seguridad Social para poder pagar sus propias pensiones.