Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, organización que representa a 65.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica en España y de ellas unas 9.000 en Navarra, ha reclamado a los candidatos a ser presidente del Gobierno que no obvien "la situación de recortes retroactivos sin compensación que soporta este colectivo, en un contexto en el que, semana tras semana, se conoce alguna novedad sobre los arbitrajes que los inversores foráneos interpusieron en las instancias internacionales y que abocan al Estado español a indemnizarles el daño causado por dichos recortes". Así lo ha solicitado Anpier mediante una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.
El navarro Juan Antonio Cabrero, vicepresidente de Anpier, ha recordado a "los grandes inversores internacionales y a las decenas de miles de familias de España, entre ellas las navarras, que apostaron hace 16 años por unas inversiones en renovables en el Estado, con los objetivos de madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos". Cabrero ha manifestado que "todos estos objetivos se alcanzaron con éxito", pero que "el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones".
Los caminos se separan
En este relato, Anpier ha contado que "la suerte de los inversores nacionales y los internacionales se separó en el momento de reclamar las compensaciones por los daños causados por los recortes". De esta forma, la justicia española consideró que estos cambios deberían de haber sido previstos por estas familias, a pesar de que en las campañas y en los detallados materiales que difundió la Administración para captar las inversiones de estas familias "jamás se contemplaba un escenario de cambio de condiciones", ha relatado esta asociación.
En cambio, los inversores internacionales, facultados por las normas de competencia de la Carta de la Energía, pidieron justicia en el CIADI, el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, donde se van conociendo "laudos que otorgan la razón a los demandantes e imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores".
Anpier se hace eco de la información recogida por diferentes medios de comunicación, en la que publican que "servicios jurídicos de varias de las empresas extranjeras han ganado laudos al Estado español por el recorte a las renovables en 2013, que han mantenido conversaciones con el Ministerio de Asuntos Económicos, y que este se habría mostrado receptivo a las reclamaciones de los afectados". Por ese motivo, Anpier denuncia que "no encuentra la misma receptividad hacia los nacionales, los ciudadanos españoles, que sufren los mismo recortes y que están siendo condenados al ostracismo".
Embargar los aviones Falcon
Los acreedores ya han elaborado una lista de bienes del Estado español embargables, entre los que figuran "los aviones Falcon, la indemnización del Prestige o las cuentas del Instituto Cervantes", ha detallado Anpier. La asociación, que preside Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha advertido de que "España ya ha entrado en la lista de países más morosos del mundo situándose en el segundo lugar, tras Venezuela, y que podría colocarse en el primer puesto una vez vayan conociéndose los laudos que están pendientes de resolución, considerando que son 51 los demandantes".
El Ministerio para la Transición Ecológica ha destinado cerca de 100 millones de euros en concepto de gastos legales asociados a los distintos procedimientosi y el Tesoro ha contratado a un "bufete de abogados internacional para enfrentar la petición de un fondo de EEUU de invocar una cláusula de impago en varios bonos soberanos por el recorte a renovables", han detallado en la nota. Como ejemplo, "la Cámara de Comercio de EEUU exige al Gobierno español que pague los 300 millones de un laudo por las renovables a una empresa norteamericana", ha concluido.
Este lunes 24 de julio miembros de Anpier se han entrevistado con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para abordar la situación del sector fotovoltaico, y en particular la de los pequeños productores.
"Es preciso reconocer los errores"
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, “exige que el Gobierno que resulte elegido tras las elecciones del 23-J se apresure a sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, para restaurar la situación de injusticia": Para ello, ha insistido en que "es preciso reconocer los errores que se han cometido, porque esta situación daña la credibilidad del Estado frente a sus compromisos internacionales y pone en cuestión su obligación de velar por sus propios nacionales, que entraron en este sector de buena fe y llamados por el propio Estado”.
