Vienen cambios en el sistema de prestaciones por desempleo. Y lo hacen con una idea de fondo: asociar el cobro del subsidio a la búsqueda efectiva de un puesto de trabajo, de tal modo que aquellos que rechacen una oferta dejen de cobrar del Estado.

Esta reforma, adelantada por Expansión en su edición de este martes, responde a los compromisos adquiridos por el Gobierno central con Bruselas y trata de ir terminando con una rareza: España sigue siendo el país con mayores índices de desempleo, con una disociación cada vez mayor entre la demanda de puestos de trabajo y el perfil de los candidatos. El cobro de la prestación se pretende ligar asimismo a la realización de cursos de formación. Todos los cambios se enmarcan asimismo en el gran objetivo del Gobierno para una legislatura que arranca con un crecimiento algo más débil: la consecución de un pleno empleo que solo se tocó brevemente en los años 2006 y 2007.

Según relata el mismo medio, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, consideró durante una jornada de EY "fundamental que el subsidio por desempleo se centre en potenciar la actividad", mejorando el papel de "los servicios públicos de empleo para que el apoyo que hace la administración para formarlos y ofrecerles itinerarios personalizados" de reinserción "tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo" por parte del beneficiario.

En la actualidad, el subsidio por desempleo es una ayuda dirigida a quienes no tienen derecho a la prestación contributiva de paro, y su cuantía asciende a unos 480 euros al mes (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM). A diferencia del paro, que exige haber cotizado al menos 360 días y suma aportaciones por jubilación o cobertura sanitaria, el subsidio solo requiere haber cotizado por desempleo tres meses y no percibir rentas superiores al 75% del salario mínimo. Su duración depende del perfil del beneficiario, pero oscila de 3 a 21 meses si se tienen responsabilidades familiares o hasta medio año si no se tienen. Actualmente lo perciben unas 810.000 personas, la mayoría de más de 50 años.

Navarra cuenta asimismo con la conocida como Renta Garantizada, una prestación económica destinada a cubrir las necesidades básicas de la vida. La Renta Garantizada es complementaria de cualquier otro ingreso al que se pueda tener derecho. Aceptar un trabajo "adecuado· es una de las obligaciones que se tiene mientras se está percibiendo Renta Garantizada. Por lo tanto, si se rechaza un trabajo mientras se está cobrando la Renta Garantizada, se le dará de baja en esta prestación y dejará de cobrarla.  La cuantía oscila entre 716,31 euros en el caso de un único miembro en la unidad familiar y 1.432,62 euros.

La reforma de estos subsidios cuenta además con cierto consenso en los agentes sociales, a la vista al menos de las declaraciones hechas en su momento por Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien llegó a declarar que “una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, es una persona que si está recibiendo un subsidio público ya sea de desempleo o de Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debería plantearse si debe seguir cobrándolo o no”.

“Seamos serios. Estos procesos de formación no necesitan años. Son procesos de formación relativamente sencillos y que nos van a permitir ocupar a personas en nuestro país”, agregó. A su juicio, los problemas que existen son que no llegan las ofertas de trabajo a los desempleados y la falta de orientación en los servicios públicos de empleo. “En algún momento tenemos que ser un país normal en el que cuando hay pleno empleo el paro esté en el entorno del 5%”, ahondó Álvarez.