El 1 de enero de 2024 entró en vigor la directiva europea Emissions Trading System (ETS por sus siglas en inglés) a través de la cual se pretende que el sector marítimo alcance las cero emisiones en 2050. Olga Salvador, BCO’s and Reefer Manager del Port de Barcelona, abordó esta novedad legislativa en una jornada celebrada en la sede de la Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios.

Unos 30 profesionales de distintas empresas de la Comunidad Foral asistieron a esta ponencia en la mañana del martes 30 de enero.

Olga Salvador resumió la directiva con una frase: “Paga quien contamina, es decir, que los grandes buques deben abonar a partir de ahora por sus derechos de emisión”. Según detalló, la Unión Europea pretende alcanzar dos objetivos: ayudar a reducir las emisiones al fijar unos topes y generar un incentivo económico para que las navieras descarbonicen sus flotas. Con el dinero recaudado, la UE pretender afrontar la transición ecológica.

Pero este impuesto conlleva “que las navieras repercutan ese nuevo coste en fletes y clientes”, como a empresas navarras.

Posibles riesgos

Desde Port de Barcelona observan tres posibles riesgos asociados a la nueva tasa que deben afrontar las navieras: reconfiguración de rutas, trasvase de mercancías del marítimo al terrestre y fugas de carbono a otras regiones más laxas.

Olga Salvador detalló que las navieras pueden decidir diseñar nuevos itinerarios para reducir “al máximo los pagos de emisiones”, con la consiguiente repercusión en los costes de las empresas que hacen uso de esos portacontenedores para el transporte de las mercancías. “Existe un riesgo elevado de que proyecten rutas más largas y contaminantes y el uso de puertos no europeos para sus escalas”, ejemplificó.

Entre 2024 y 2027

La tasa verde exigida a las navieras no se va a aplicar al transporte terrestre hasta 2027. Por ese motivo, hasta que no ocurra, Port de Barcelona cree que puede aumentar el uso de camiones en rutas más cortas en detrimento de los barcos. “Con ello se puede generar el efecto inverso que pretende la UE”, dijo. Pero no deja de ser una hipótesis.

Por último, Olga Salvador mencionó que la normativa europea puede derivar en que “los buques opten por zonas con menos restricciones de emisiones”.

Aplicación progresiva

La tasa de derecho de emisiones para las navieras va a aplicarse de manera progresiva: este año deben pagar por el 40% de sus emisiones; en 2025 por el 70% y en 2026 por el 100%. Además, la normativa abarca en 2024 las emisiones de dióxido de carbono; y a partir de 2026 incluirá el metano y el óxido de nitrógeno.

Olga Salvador subrayó que esta normativa afecta “a cualquier buque, independientemente de su bandera, que use puertos de la UE”.

Cómo funciona

Las navieras deben comprar y entregar el derecho de emisión, y serán sancionadas si dejan de declarar alguna tonelada de emisión. De esta forma, “en el caso de que las compañías incumplan en dos ejercicios consecutivos, la UE puede castigar con la prohibición de circular por su territorio”, concluyó.

En definitiva, con esta directiva, la Unión Europea pretende “reducir emisiones y atraer buques verdes”.

Otra novedad

Por otra parte, Olga Salvador informó de que el 25 de abril concluye el CBER, una fórmula de la UE para establecer cooperaciones entre navieras. Sin embargo, después de su aplicación, la UE ha llegado a la conclusión de que “el CBER no garantiza la competencia del transporte marítimo, y por eso ha decidido no prolongar la normativa”.

Salvador especificó que su expiración no significa que “la colaboración entre navieras sea ilegal, sino que deberán establecerla según la legislación de la UE”.

En conclusión, “habrá que ver cómo se reorganizan las navieras para ofrecer los servicios y cómo afecta eso a los parámetros”.