Tal y como anunció este lunes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros estudiará este martes un informe para modificar la llamada 'golden visa', aprobada por el Gobierno del PP en 2013, y que concede el visado o la residencia a inversores que compren una casa de más de 500.000 euros, adquieran activos financieros o participen en proyectos empresariales.

Sumar respalda la eliminación de este permiso de residencia para los ciudadanos no comunitarios mientras que el sector inmobiliario se muestra en contra.

Mercados tensionados

El Ejecutivo persigue que la vivienda "sea un derecho y no un mero negocio especulativo". En la actualidad, de acuerdo con las cifras aportadas por Sánchez, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Islas Baleares y la ciudad de Valencia.

Se trata, ha dicho el presidente, de territorios y ciudades con mercados altamente tensionados y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para los ciudadanos que viven, trabajan "y pagan sus impuestos cada día". Es una desigualdad "lacerante", ha añadido.

Por contra, lo que pretende el Gobierno es poner "alfombra roja" a quien quiera crear empleo, innovación y tejido productivo, "y no a quien simplemente busca especular" con la vivienda, según Sánchez.

Los precios en las localizaciones más buscadas por los inversores internacionales superan con creces el medio millón de euros. A modo de ejemplo, en el barrio de Salamanca, en Madrid, donde han puesto el foco las grandes fortunas latinoamericanas, es difícil encontrar viviendas de unos 100 metros cuadrados por debajo del millón de euros, según los anuncios de diversos portales inmobiliarios.

Tras los venezolanos y mexicanos, que han sido muy activos en los últimos años, ahora les toca el turno a argentinos, chilenos o colombianos, aunque tienen interés también los estadounidenses.

Partidarios y detractores

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado que se vaya a poner fin a estos visados, una medida que llevaban en su programa electoral y que hacía tiempo que pedían al PSOE. "Las golden visa son una vergüenza europea", ha señalado.

El Ayuntamiento de Barcelona había reclamado esta medida, que en países como Grecia ha visto endurecidas las condiciones en un intento por aliviar la crisis inmobiliaria que sufre el país.

Para el portavoz del portal inmobiliario idealista, Francisco Iñareta, el anuncio es un "error de diagnóstico" y no tendrá ningún impacto en el mercado inmobiliario, porque entre 2013 y 2022 se concedieron menos de 5.000 permisos de residencia de este tipo, es decir, menos del 0,1 % de las viviendas vendidas en ese tiempo.

Añade que estas compras no han supuesto ningún conflicto en el Estado y que el problema de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, está provocado por la cada vez mayor escasez de la oferta y el aumento exponencial de la demanda.