Indignación ante esta decisión en la empresa liquidada Uscal en Pamplona

El director general de Uscal, empresa de mecatrónica fundada en 1973 y en liquidación tras un proceso concursal iniciado en 2020, va a pagar finalmente 65.000 euros por su responsabilidad en la quiebra de la empresa. Esta cantidad se aleja mucho de los 582.375,855 euros a los que se le condenó por quedar probada su participación en las irregularidades contables.

El informe final de liquidación elaborado por la administración concursal en abril de este año y entregado al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona informa de que el 31 de octubre de 2023 se presentó el acuerdo alcanzado con el que fuera director general de Uscal para someterlo a la autorización judicial.

De esta forma, el 6 de marzo de este año se homologó dicho acuerdo por el que se rebaja la sanción de 582.375,855 euros a 65.000 euros, es decir, un 88% menos de la cantidad que se le requería en un principio. Parece que no cuenta con bienes embargables.

Al hacer frente exclusivamente a un 11% del total de ese dinero, acreedores, como la plantilla y el Fogasa -por ejemplo-, se ven perjudicados porque ya no van a percibir una cantidad económica con la que contaban después de la deuda que les dejó la empresa.

Indignación entre los trabajadores

El Auto 39/2024 de 6 de marzo de 2024 que homologó el acuerdo por el que el director general de Uscal debe abonar solo 65.000 euros causó una gran indignación entre los trabajadores que se quedaron sin empleo por este concurso de acreedores, como así ha podido conocer este periódico.

¿Qué ocurrió?

Uscal, con 80 trabajadores y dedicada a la automatización de procesos industriales con alta tecnología, solicitó concurso de acreedores el 27 de febrero de 2020, el 13 de marzo de aquel año fue admitido y el 18 de marzo tuvo lugar la aceptación del administrador concursal. La empresa se encontraba ubicada en el polígono Arazuri-Orkoien.

Dos años después, en 2022, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona calificó como culpable el concurso de acreedores de Uscal.

La sentencia estableció que quedaban probadas “las irregularidades contables cometidas, que motivaron los ajustes propuestos por KPMG” y que supusieron “la principal causa de insolvencia de la compañía”.

En 2019, la consultora KPMG realizó un informe de las cuentas de Uscal de 2018, y tras las anomalías observadas, indicó la obligación de “ajustar 21,486 millones en el activo de la concursada con cargo a la cuenta de reservas voluntarias”.

Uscal ajustó sus cuentas anuales definitivas de 2018 por un importe de 22.860.553 euros. El 13 de marzo de 2020 -un día antes de la declaración del estado de alarma por el coronavirus–, el juzgado aceptó el concurso de acreedores de esta empresa.

Tanto el Ministerio Fiscal como la administración concursal pedían calificar como culpable el concurso por “irregularidades contables relevantes y por una doble contabilidad –que no hacía referencia a una caja B o a ingresos no declarados sino a diferenciar entre una contabilidad oficial y real, esta última deducida de eliminar activos ficticios–”.

Por ello, el Ministerio Fiscal como el administrador concursal pidieron que se considerara culpable el concurso y que se responsabilizara de ello al director general y a la heredera de la empresa, y como cómplice al auditor que desarrolló esta tarea entre 2006 y 2018; y pidieron 12 millones de euros contra ellos.

Concurso culpable

La sentencia de 2022 calificó como culpable el concurso por las irregularidades contables, y responsabilizó al director general y a la heredera de la empresa, y como cómplice al auditor. Este último “no denunció en su informe, mediante opinión en contra, de las graves irregularidades contables en que incurrían las cuentas, dando cobertura a la imagen distorsionada de la situación personal a terceros”.

El fallo también especificó que el concurso no podía calificarse como culpable “al mismo tiempo por las irregularidades contables y por la doble contabilidad, sino por cualquiera de las dos pero no por las dos al mismo tiempo”. Por otro lado, el fallo eximió de pagar seis millones de euros al director general, a la heredera y al auditor por los perjuicios causados a la masa activa y a los acreedores, como solicitaba el Ministerio Fiscal y la administración concursal.

Adoptó esta decisión porque “no estima acreditada la existencia de una relación de causalidad entre la actuación u omisión de los responsables y el daño directo e inmediato reclamado”.

Déficit concursal

Sin embargo, en relación a la cobertura del 50% del déficit concursal que ascendía a 5,823 millones con carácter solidario reclamada al director general y a la heredera de la empresa por parte del Ministerio Fiscal y el administrador concursal, la sentencia estableció que el primero abonara un 10% de dicho déficit concursal que se quedó en 582.375,855 euros.

En el caso de la heredera, la sanción estaba limitada por el contenido del acuerdo transaccional de fecha de 29 de octubre de 2021 firmado entre ella y la administración concursal, por lo que la heredera de la empresa debía asumir 405.000 euros.

Dos años después de aquella sentencia, ahora se conoce el informe final de liquidación, en el que queda reflejado que la heredera hizo frente a los 405.000 euros. Sin embargo, consta que el director general de Uscal ha logrado rebajar su multa de los 582.375,855 euros a los 65.000 euros.