BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del Gobierno a su opa sobre el Sabadell

BBVA apuesta fuerte a la opa sobre el Sabadell a pesar de los obstáculos. Si hace unos días anunciaba que seguía adelante con el proceso a pesar de la lluvia de dinero que el banco catalán va a repartir entre sus accionistas, la entidad presidida por Carlos Torres ha confirmado este jueves que ha recurrido ante el Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Gobierno español en junio, que suponen congelar la fusión entre ambos al menos tres años (ampliable a cinco) si la opa prospera. El recurso se presentó el pasado 15 de julio –aunque sale a la luz ahora– y, según el BBVA, "no interfiere en la opa".

El banco de origen vasco considera que solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede imponer condiciones a la operación de concentración y que, por lo tanto, la intervención del Ejecutivo debía limitarse a validar o incluso suavizar estas exigencias; en ningún caso endurecerlas, como finalmente hizo.

Fue el 24 de junio cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la opa con la condición de que las dos entidades no pudieran fusionarse en los siguientes tres años, lo que implica que nada de despidos ni cierre de oficinas en ese tiempo, que además podría alargarse otros dos años más. Teniendo en cuenta la fecha de esta decisión, la entidad tenía de plazo hasta el 24 de septiembre para presentar el recurso.  Ahora se sabe que lo hizo el 15 de julio. Era una opción que barajó desde el principio. De hecho, un día después de conocerse la decisión del Ejecutivo, el 25 de junio, el responsable de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, avisó de que la entidad no descartada la vía judicial.

Reacción del Gobierno

BBVA se ha encontrado con las reticencias del Gobierno español en este proceso que dura ya 15 meses, pero cuenta con el beneplácito de Bruselas. Prueba de ello es que el 17 de julio, dos días después de que el BBVA presentara el recurso en el Supremo, la Comisión Europea expedientó a España por considerar que, con sus condiciones, vulneraba la ley de defensa de competencia europea. Tampoco le gustó que llevara el asunto al Consejo de Ministros. Sin embargo, Moncloa defiende su actuación; de nuevo este jueves, tras conocerse la decisión que tomó el BBVA hace casi un mes.

Según el Ministerio de Economía, el Ejecutivo ha actuado "en todo momento" en línea con la normativa estatal, con el aval de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias. Y es que la normativa, asegura, recoge la posibilidad de que el Gobierno imponga condiciones adicionales teniendo en cuenta el interés general, más allá de las aprobadas por Competencia.

Pero las condiciones impuestas por el Gobierno español es solo uno de los obstáculos que enfrenta la opa del BBVA. El otro es la negativa del Sabadell, cuyos accionistas aprobaron el pasado 6 de agosto, en una doble junta extraordinaria, la venta de la filial británica TSB al Banco Santander y el reparto de un megadividendo de 2.500 millones de euros asociado a la operación. Esto supone un espaldarazo a la estrategia del Sabadell, que pretende restar atractivo a la oferta del BBVA y también reforzar su propuesta de valor como entidad independiente. A pesar de ello, el banco liderado por Torres ha comunicado también esta semana al mercado su intención de seguir adelante con la opa.

Tras un agosto inusualmente activo, la opa encara a la vuelta de las vacaciones su recta final. En septiembre, el banco presidido por Torres tendrá que enviar a la CNMV el folleto con la información definitiva sobre la oferta de adquisición y, una vez aprobado, se abrirá el plazo de aceptación por parte de los accionistas del Sabadell. Ahora se añade un ingrediente más: la evolución del proceso judicial.