El sindicato LAB, presente en la Comisión de Lucha Contra el Fraude Fiscal y la Economía Sumergida, ha exigido este miércoles poner la lupa en las grandes fortunas y en las empresas con contratos públicos, además de aumentar los recursos humanos y técnicos destinados a la inspección tributaria.
En una nota difundida el mismo día que el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha presentado el plan trienal contra el fraude fiscal, LAB ha criticado al Gobierno porque “los agentes participantes en la comisión no han tenido la posibilidad de contribuir a la configuración de dicho plan”.
“La comisión apenas se reúne y carece de misión alguna para los agentes participantes”, ha reiterado.
Las mismas exigencias que hace años
Ante el plan trienal contra el fraude fiscal, LAB se ha reafirmado en sus aportaciones y exigencias de los últimos años. “El plan debe tener como objetivo disuadir las malas prácticas de los empresarios y hacer aflorar la corrupción y el fraude de las empresas con contratos públicos, así como en grandes fortunas”, ha insistido.
El sindicato se fija en estos dos grupos porque argumenta que “todo caso de corrupción implica siempre a un empresario”. Por ese motivo, el sindicato, liderado por Imanol Karrera en Navarra, justifica que “aplicando criterios, tanto de eficacia como de justicia fiscal, es preciso reorientar el foco de atención y centrar los esfuerzos en investigar y perseguir el fraude allí donde se concentra en mayor medida”. Además, plantea analizar el fraude fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.
Insuficiente
LAB recuerda que Hacienda Foral reconoce que “la dimensión de la plantilla en Navarra es más reducida con respecto a otros países”. Así, subraya que “en 2022 había 1.833 habitantes por cada persona empleada en la Agencia Tributaria española; pero en Navarra ese índice de efectivos se situaba en 2.025 habitantes por cada persona empleada en la Hacienda Foral”.
Para LAB “es insuficiente ampliar los recursos humanos en 15 personas. Es necesario aumentar el talento y capacidad de la plantilla y reconocer su trabajo”, repite. También aboga por “una educación cívico-tributaria frente al discurso de la derecha y ultra-derecha que busca demonizar los tributos para atacar la igualdad y los servicios públicos”.
