La ley para regular la proliferación de plantas de biometanización en Navarra, finalmente aprobada por PSN, UPN y PP, ha permitido que tres expedientes continúen adelante porque cumplen los requisitos que aprobaron estas tres formaciones en la enmienda presentada por los socialistas a la moratoria promovida por Geroa Bai, y a la que se unieron EHBildu y Contigo-Zurekin.

Las tres plantas que van a seguir sus trámites son la impulsada por la sociedad pública Navarra de Infraestructuras Locales (Nilsa) en Tudela, una planta para conseguir que el 100% del fango se transforme en energía verde y potencie la economía circular en la zona en la que se va a desarrollar. Otro de los proyectos se sitúa en Sesma y está promovido por Biometano Sesma, una empresa 100% propiedad de la sociedad Glide Energy, dedicada al desarrollo e inversión de proyectos de producción de biometano y biofertilizantes y de otras energías renovables en España. En 2024 recibió la declaración de proyecto de interés foral. Por último, también continúa adelante el centro de tratamiento en Arróniz, diseñado por AGR Biogás, de iniciativa privada.

Exposición de motivos

El incremento de proyectos de biometanización en Navarra en 2025 hizo reaccionar a los partidos políticos para controlar su instalación. El biometano se presenta como una fuente de energía renovable obtenida del proceso de tratamiento de residuos orgánicos biodegradables que se generan en las explotaciones agroganaderas para ser reutilizados en un ámbito cercano. Sin embargo, en la materia orgánica que se trata también se incluyen residuos alimenticios o industriales. Todo ello se debe examinar para favorecer la sostenibilidad medioambiental, económica y social en el territorio.

Constituir una comisión técnica interdepartamental

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de dicha ley foral –que fue en noviembre–, el Ejecutivo foral debe constituir una comisión técnica interdepartamental, integrada por representantes de los departamentos de Desarrollo Rural, Cohesión Territorial, Industria, Transición Ecológica y Salud para hacer un informe conjunto que incluya un diagnóstico técnico actualizado sobre el conjunto de proyectos en tramitación y ejecución; un análisis de su impacto territorial, ambiental, social y económico; y las recomendaciones necesarias para garantizar una planificación equilibrada, sostenible, técnicamente rigurosa y con participación institucional y ciudadana.

De esta forma, este año en Navarra han coincidido 17 proyectos en tramitación, y Geroa Bai redactó un texto para posibilitar una moratoria que suspendiera procesos durante dos años hasta que el Gobierno foral tramite un decreto regulador de la gestión de estiércoles y digestatos y los procesos asociados de acreditación y control para garantizar una implantación equilibrada de estas instalaciones, además de ajustar su tamaño a las necesidades y capacidad de acogida real del territorio.

En este contexto, Geroa Bai propuso una moratoria de dos años –para dar tiempo a la confección y aprobación del decreto foral–, en la que se proponía no admitir más proyectos de plantas de biometanización; y suspender de manera cautelar las iniciativas empresariales presentadas después del 1 de enero de 2023, que carecieran de una resolución firme en vía administrativa. Así quedaban excluidas las plantas de autogestión de deyecciones ganaderas cuya capacidad no superara las 10.000 toneladas anuales. La iniciativa fue registrada con la firma de Contigo Zurekin y EH Bildu.

Sin embargo, en el Parlamento el PSN presentó una enmienda sobre la moratoria, acordada con UPN, y apoyada también por el PP, que cambiaba sustancialmente lo anteriormente planteado, y su contenido es lo que finalmente publicó el BON en noviembre como la ley foral 14/2025 de 7 de noviembre, que modifica la ley foral 17/2020 de 16 de diciembre que regula las actividades de incidencia ambiental.

Los puntos

Dicha normativa establece que en un máximo de doce meses, las administraciones no podrán admitir nuevos proyectos a trámite, y que los que están ya iniciados y en fase de tramitación quedan suspendidos, excepto si los proyectos han completado la fase de información o exposición pública, con todos los informes sectoriales vinculantes favorables, además de que el expediente se encuentre en fase de propuesta de resolución por el órgano sustantivo. Además, podrán seguir los expedientes iniciados antes de esta nueva ley si cumplen uno de estos dos requisitos: haber logrado la resolución de autorización ambiental integrada, incluida la evaluación ambiental y la compatibilidad urbanística; o haber sido declarado expresamente como proyecto de interés foral por el Gobierno de Navarra.

Biometano Sesma

Fue declarado proyecto de interés foral en junio de 2024. En ese momento, la iniciativa preveía una inversión de 28,7 millones, destinados principalmente a la planta (25,2 millones). Este centro de tratamiento supone construir un gasoducto, con un coste de 526.020 euros. La planta preveía crear doce empleos directos y 35 puestos de trabajo indirectos durante los 25 años de actividad de la factoría.

Las plantas de Nilsa, Biometano Sesma y AGR Biogás cumplen con las exigencias, y por eso no les ha afectado la suspensión de la tramitación durante doce meses, hasta el 30 de septiembre de 2026 o en el momento en que entre en vigor la normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables. En cambio, la misma ley ha hecho que ocho iniciativas que estaban en marcha se hayan suspendido durante este periodo. Las empresas afectadas por esta medida tienen un plazo de quince días hábiles para alegar desde el 4 de diciembre.

41 entidades informadas

La directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña de la Torre, emitió una resolución el 4 de diciembre en la que se declaraba la suspensión cautelar de ocho expedientes de plantas de biometanización en Navarra, que concluirá antes del 30 de septiembre de 2026 o en el momento en el que entre en vigor la normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables. Además, dicha resolución se trasladó a 41 entidades, entre ellas, los ocho ayuntamientos afectados, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a los grupos de acción local, a la CHE, UAGN, EHNE, UCAN y CEN, y a grupos ecologistas, entre otros.