l Canal de Navarra siempre está rodeado de polémica entre defensores y detractores de todos los ámbitos, político, económico y social. Cada año surgen debates asociados al proyecto y, barrunto, que todavía quedan unos cuantos.

Muchos son los interrogantes sin resolver, y entre los más actuales me surgen preguntas vinculadas a la segunda fase que recibió un empujón en octubre cuando Canasa anunció que iba a construir dos tuberías soterradas a la vez para llevar agua a la Ribera: ¿cómo va a financiarse?, ¿se descartará la fórmula del peaje en sombra?, ¿cómo van a regarse las 21.500 hectáreas en la Ribera si la actual dotación de agua lo hace imposible?, ¿se aprobará la figura del regante expectante?, etc.

A finales de 2019 Canasa acordó que la comunidad general de regantes conociera el informe con las alternativas para la construcción de la segunda fase en enero. En esas, Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, una investidura que truncó los compromisos de la última acta de Canasa, ya que el Ejecutivo de coalición trajo consigo el carrusel de nombramientos en empresas públicas, entre ellos, la asignación del nuevo presidente de Canasa (un contratiempo burocrático para los intereses del proyecto). Y cuando todos estaban pendientes de este menester, apareció un actor inesperado: el coronavirus. El virus surgió como un agente externo que, a su manera y sin proponérselo, intercedía en contra de los intereses de los pro Canal para seguir avanzando.

Sin embargo, los meses de pandemia han jugado finalmente a favor de esta infraestructura. ¿Quién iba a pensar que la covid iba a colocar al Canal entre uno de los proyectos tractores de transición verde en Navarra para optar a los fondos europeos en el marco del plan de reconstrucción de la UE para atajar los estragos del coronavirus en las economías del viejo continente?

La obra de la segunda fase del Canal costará 220 millones, de los que una parte pueden financiarse desde Europa, una vía que en aquel consejo de administración de hace un año ni se contemplaba porque no existía. Ahora puede acelerarse la ejecución del proyecto por la entrada de estos fondos, con el compromiso de concluirlo en 2026. El Gobierno de Navarra no ha desvelado la cantidad que va a solicitar, pero todo aquello que venga de la UE será bienvenido, ya que Estado y Navarra suelen protagonizar desencuentros en este punto.

Y en estos momentos, sobre todo después de que Acciona haya vendido su participación en Aguacanal, la empresa concesionaria de la zona regable de la primera fase del Canal, hay que volver a cuestionar el sistema del peaje en sombra, un modelo de financiación público-privada, en el que la concesionaria adelanta el dinero para acometer la obra pública y durante 30 años recibe un canon fijo por sus servicios.

El fondo de inversión francés Meridiam dominará ahora el 50% de Aguacanal, en un principio su entrada no tiene que cambiar las reglas de juego con los regantes, pero ¿qué ocurre si quiere obtener más beneficio y convence al otro socio, en este caso a Agbar? Puede que suceda o puede que no, pero ahí está el interrogante.

Ha quedado demostrado que la empresa privada va a aprovecharse de una infraestructura pública para hacer negocio, si tiene oportunidad; y que el peaje en sombra hipoteca durante muchos años los presupuestos de un territorio.

Hay tiempo para evitar errores del pasado en el Canal que según ha insistido el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, es "clave" para asegurar el suministro de agua en un futuro marcado por el cambio climático.

A principios de diciembre, por primera vez los derechos de uso del agua han comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, algunos consideran que este hito favorecerá la eficiencia de este recurso, y otros consideran que propiciará la especulación.

El agua se va a convertir en un privilegio y su gestión en todas las fases del Canal debe depender de la Administración para que prevalezca el servicio público sobre los beneficios privados de unos pocos. Al igual que en una ocasión el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, abogaba por que el sector público abanderara la gestión del Big Data para hacer "un uso ético, eficaz y social de los datos", lo mismo debe suceder con el agua, un bien escaso por el calentamiento global que requerirá de una gestión pública para favorecer una distribución equilibrada de la riqueza que genera.