Hoy se cumple un año de una de las jornadas más frenéticas e inverosímiles de la historia reciente de la política catalana: el día en que Carles Puigdemont regresó a Catalunya pese al riesgo de ser detenido, dio un discurso ante sus fieles y se esfumó, mientras Salvador Illa era investido president de la Generalitat. ¿Qué consecuencias tuvo aquella jornada? ¿Hasta qué punto se han cumplido las expectativas que entonces albergaban sus protagonistas?

Eran las 8.57 horas del día 8 cuando Puigdemont, flanqueado por sus lugartenientes de JxCat, irrumpió entre vítores en el paseo Lluís Companys de Barcelona, donde más de 3.000 simpatizantes lo agasajaron en su arriesgado retorno, tras siete años huido en Bélgica y con una orden de detención vigente.

Los Mossos lo esperaban en los aledaños, pero tras pronunciar un brevísimo discurso, el exjefe del Govern se metió de incógnito en un coche y burló la vigilancia policial, sin intentar acceder –como había prometido– al debate de investidura que se iba a desarrollar en el Parlament.

Pese a que los Mossos activaron el dispositivo Jaula para atraparlo y desplegaron 600 efectivos, Puigdemont se refugió primero en un piso y, pasadas las 23.00 horas, logró cruzar la frontera en coche, acompañado por Jordi Turull, por una carretera secundaria en Maçanet de Cabrenys (Girona).

Toma de posesión de Salvador Illa como president. A la derecha, el TC delibera sobre la amnistía. Europa Press

Tres agentes de los Mossos –a quienes ya se les ha levantado la suspensión de empleo y sueldo– fueron acusados de facilitar la huida de Puigdemont, y la juez que los investiga por un delito contra la administración pública ha prorrogado la causa, que finalizaba este agosto, por un periodo de seis meses.

Después de que Puigdemont se volatilizara tras su breve discurso frente al Arco del Triunfo, en el Parlament arrancó a las 10.00 el debate de investidura en un clima de estupor e incertidumbre, incluso entre las filas de Junts, la gran mayoría de cuyos dirigentes desconocían los planes de fuga de su líder.

Para añadir dramatismo a la mañana, el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament y diputado del PSC, David Pérez, sufrió un problema cardíaco y tuvo que ser hospitalizado de urgencia, por lo que su voto, crucial para investir a Illa, tuvo que ser delegado.

Aunque circularon rumores de que Puigdemont había podido colarse en las dependencias del Parlament y en cualquier momento irrumpiría en el salón de plenos, todo era una maniobra de distracción: Illa fue investido con los votos de PSC, ERC y Comuns, mientras el líder de Junts burlaba a los Mossos y provocaba el enojo del entonces jefe de la Policía catalana, Eduard Sallent.

Un año más tarde, y después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía, Puigdemont sigue esperando a que se den las condiciones para volver sin riesgo. El mes pasado presentó un recurso de amparo ante el TC para pedir que se le aplique la amnistía que le denegó el Tribunal Supremo y se suspenda de forma cautelarísima la orden de detención.

Junts afirma que si Puigdemont no puede beneficiarse de la amnistía, la actual legislatura en el Estado perderá su sentido. Europa Press

En las filas de Junts, las esperanzas de un retorno a corto plazo están depositadas en estas medidas cautelarísimas solicitadas al TC y en lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe pronunciarse sobre la amnistía a raíz de las cuestiones prejudiciales que varios jueces y tribunales le han elevado, para saber si el perdón del delito de malversación –que imputan a Puigdemont– tiene encaje en la legislación europea.

TC y TJUE son, por tanto, las dos cartas que le quedan el expresident. “O le permiten volver entre finales de año y principios de 2026, o ya difícilmente lo conseguiremos”, apuntan fuentes de la dirección de Junts, que advierten de que, si Puigdemont no puede beneficiarse de la amnistía, la actual legislatura en el Estado español perderá su sentido.

Reunión pendiente

Carles Puigdemont sigue sin poder cumplir su objetivo de volver al Estado –debe delegar su voto como diputado del Parlament–, pero es crucial para la gobernabilidad y puede condicionar al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Mientras tanto, Illa apuesta por devolver la “normalidad” institucional a Catalunya tras los inestables años del procés, aunque, al carecer el PSC de mayoría absoluta, depende de sus socios de investidura, ERC y Comuns.