Duterte denuncia ante la CPI que es víctima de un "ajuste de cuentas político"
El expresidente filipino está "débil" de salud, según sus abogados, que tachan de "secuestro" su traslado a La Haya
El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha denunciado en la primera audiencia de este viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) que ha sido víctima de un "secuestro" y que el caso en su contra es fruto de un "ajuste de cuentas" de carácter político.
Duterte fue detenido el pasado martes en Manila y entregado a la corte en virtud de una orden de detención en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad durante la guerra contra las drogas que emprendió durante su mandato, y caracterizada por la extrema brutalidad de las fuerzas de seguridad.
Duterte ingresa en el centro de detención de la CPI en La Haya
"Un puro y simple secuestro"
"Hace dos días el que fuera presidente de un país soberano fue introducido en un avión", ha indicado la defensa de Duterte ante la Sala 1 de la CPI en La Haya, "en lo que podría ser descrito como una entrega extrajudicial o, para la gente menos ducha en términos legales, como un puro y simple secuestro".
La defensa de Duterte ha alegado que el expresidente filipino no ha tenido acceso a abogado alguno desde su detención hasta esta mañana, y no es más que el objeto de este ajuste de cuentas, emprendido por "el actual presidente de Filipinas", Ferdinand Marcos Jr., que persigue "neutralizar" el "legado" de Duterte.
Duterte arrestado por crímenes contra la humanidad: utilizó su poder como presidente y escuadrones para matar
"Reto a la acusación a que explique cómo esta transferencia no ha sido otra cosa más que un abuso de los procedimientos", ha señalado la defensa, antes de avisar que el expresidente filipino, de 79 años, padece "problemas médicos que le están debilitando" así como "déficit de audición" por lo que ve "difícil" que pueda "contribuir en algo a estas audiencias".
Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
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