Las promotoras de Artiberri II deberán contratar a 33 trabajadores de Berriozar
han firmado un convenio con el consistorio, a cambio de un aumento de la edificabilidad El desarrollo tendrá 123 viviendas más, 28 de ellas exigidas por el TSJN en respuesta a un recurso de vecinos
berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar firmó en la mañana de ayer un convenio con las tres promotoras del desarrollo residencial de Artiberri II -Imirun, Apisa y Proyectos Inmobiliarios de Navarra- , por el cual estas se comprometen a contratar a 33 trabajadores de la construcción empadronados en Berriozar. 30 de ellos serán de régimen general y contratados a través del Servicio Navarro de Empleo y los 3 restantes (uno por empresa) serán personas en vías de inserción y del Servicio Social de Base de Berriozar. Los contratos durarán un mínimo de 6 meses y las empresas deberán comunicar al Ayuntamiento las causas de, en su caso, rescisión de contrato. Los contratados trabajarán en Artiberri II o en otros desarrollos de la comarca de Pamplona como Erripagaña o Ardoi.
Aunque en el convenio de colaboración no se relaciona con el desarrollo urbanístico de Artiberri, las promotoras han accedido a firmar este compromiso a cambio de un aumento de edificabilidad. En concreto, el Ayuntamiento les permite edificar 123 viviendas más de las establecidas en un primer momento.
sentencia y locales Para que el Ayuntamiento haya aceptado a aumentar el número de viviendas en Artiberri II, han confluido varios factores. En primer lugar el consistorio debía de cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en la que se estimaba un recurso de un grupo de vecinos que pidió que sus terrenos formaran parte de la urbanización Artiberri II. Este recurso fue interpuesto en 2004 cuando el equipo de gobierno de entonces, con PSN a la cabeza, delimitó el terreno que constituía la urbanización. Unos propietarios de terrenos colindantes pedían que sus fincas también formaran parte del desarrollo e interpusieron un recurso no se solucionó hasta 2008, cuando el TSJN dio la razón a estos vecinos. Al entrar estos nuevos terrenos a formar parte del desarrollo, la ley exigía que se construyeran 28 nuevas viviendas (14 de precio libre y 14 protegidas). Para ejecutar la sentencia, que se resolvió el mismo año que el parlamento aprobó la Ley de Medidas Urgentes, el Ayuntamiento propuso a las promotoras que incluyeran estas 28 viviendas junto con el cómputo de transposición de viviendas de libre a viviendas protegidas. En aquel momento (diciembre de 2009) las promotoras propusieron una ampliación de 228 viviendas, lo que el Pleno rechazó por considerar que dicho crecimiento carecía de "beneficio social para Berriozar".
Ahora, además de la necesidad de cumplir la sentencia, el Ayuntamiento vio otro aspecto con necesidad de mejorar: la plaza central de la urbanización, bautizada ya como República del Sahara, carecía de superficie dedicada a función comercial. "Nos encontrábamos con una plaza de dimensiones muy grandes y sin ninguna posibilidad de que se instalaran comercios", apuntó Xabier Lasa, alcalde de la localidad. Por ello, el Ayuntamiento propuso a las promotoras cambiar el uso de los bajos del edificio de la parte oeste de la plaza a uso comercial. En total 912 metros cuadrados. Por este cambio y por unas transposiciones de viviendas libres a VPO, el Ayuntamiento da permiso para construir otras 95 viviendas, que junto con las de la sentencia suman 123.
Las 28 de la sentencia se levantarán en una nueva torre de bajo más siete alturas. El resto se levantarán sumando alturas a las torres más cercanas al puente y reordenando la estructura de la plaza que en la parte oeste también contará con más alturas. Además se cambiará la forma del edificio oeste de la plaza, que pasa a ser: un edificio central (con los bajos comerciales) y dos torres separadas destinadas a viviendas.