Una fundación del Gobierno, obligada a devolver una subvención al Consistorio

tudela. La Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra tendrá que devolver al Ayuntamiento de Tudela 45.916 euros de una subvención de 100.000 que el Consistorio de la capital ribera concedió a este organismo para la realización de la exposición Tudela. El legado de una catedral. Así lo ordena una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que da respuesta a un recurso interpuesto por el grupo municipal de Nafarroa Bai y que fundamenta su decisión en el hecho de que la citada fundación no presentó las facturas que justificasen la realización del trabajo subvencionado, entre otras irregularidades. Es el caso de la que reconoce la sentencia cuando considera que "se incumplió la normativa vigente en la adjudicación de determinados trabajos al no pedir a la fundación, en muchos casos, las ofertas obligatorias" o cuando no se presentaba documentación que acreditase si existía o no el cobro de otras subvenciones por los mismos conceptos. Estas irregularidades, ya reconocidas judicialmente, fueron advertidas por un informe del interventor delegado, aunque desestimadas por el propio alcalde, Luis Casado, que decidió apoyarse en otro informe del entonces director de Castel-Ruiz.

decisión de alcaldía La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo fue dada a conocer ayer por las dos ediles de NaBai en Tudela, Milagros Rubio y Ana María Ruiz. La primera calificó el resultado del proceso como "una lectura de cartilla tanto para el Tribunal Administrativo de Navarra como para el alcalde". En este sentido, cabe recordar que el primer recurso interpuesto por Nafarroa Bai en torno a este caso dio la razón al Ayuntamiento, un extremo que también invalida la última sentencia declarando la resolución "no ajustada a Derecho".

Lo cierto es que la ilegalidad ya probada en la concesión de parte de la subvención a la Fundación que preside el consejero Juan Ramón Corpas, ya había sido detectada por la oposición y fue objeto de debate en el pleno del 28 de febrero de 2008. El concejal no adscrito Mariano Cerezo puso en entredicho la decisión del alcalde de pagar el 25% de la ayuda que quedaba pendiente de liquidar sin tener en cuenta el informe de Intervención ni la nota de reparo existente. "Ya tenemos avisos de la Cámara de Comptos y le pediría al señor alcalde que preste atención a este tipo de facturas", dijo.

Por su parte, Rubio, que pidió una y otra vez explicaciones remarcó el hecho de que "la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra esté de por medio" y consideró que la necesidad de huir de "ocultismos", sobre todo en temas de fundaciones. El portavoz socialista, Manuel Campillo, se adhirió a los otros grupos y mostró su malestar por la falta de información en torno al tema y por el agravio comparativo que, como ya había opinado Milagros Rubio, se hacía con otros colectivos de la ciudad obligados a presentar todo tipo de justificantes para obtener ayudas municipales.

Luis Casado zanjó aquel debate asumiendo que entre los dos informes existentes (el de Castel-Ruiz y el de Intervención) él mismo había decidido por el primero: "Tan importante es uno como otro, hay dos y al final, el alcalde toma una decisión, ésa es la discrepancia. No está establecido por ley que deba imperar el de Intervención", argumentó el regionalista. Finalmente, la sentencia, que da contundentemente la razón en todos los términos al recurso de Nafarroa Bai, deja claro que la Fundación tiene que devolver al Ayuntamiento un total de 45.916 euros no justificados.

Como opinó Rubio resulta curioso que colectivos y ONGs que trabajan de manera altruista, sin infraestructura ni profesionales liberados tengan que devolver subvenciones por defectos de tramitación y, sin embargo, "el alcalde resuelva que se pague una no justificada a una fundación dependiente del Gobierno de Navarra, presidida por el consejero de Cultura, con una gerente y medios estables e institucionales".