Antonia Linares Garvín quiere quedarse en el apartamento tutelado para mayores en el que entró a vivir con su pareja Jesús Ordoyo hace ahora quince años. Enviudó en 2007 y la anterior Corporación autorizó la subrogación del contrato de residencia a favor de la viuda. El nuevo Ayuntamiento por su parte plantea ahora la rotación de los ocho apartamentos para la tercera edad con el fin de favorecer la entrada de nuevos inquilinos, alega que hay lista de espera y que Antonia no cumple los requisitos de la ordenanza municipal, “tanto hace un año como la anterior” para poder ser beneficiaria del servicio, expuso el primer edil. Así, la inquilina tiene 60 años y no los 65 años que se exige, además de compartir el piso con un familiar lo cual no se permite. En realidad Antonia cuida de su madre, de 91 años, enferma de alzheimer y que duerme en su piso de Etxabakoitz junto con otro de sus hijos solteros. El primer edil defiende que el Ayuntamiento sigue criterios técnicos y da cumplimiento al informe elaborado por la dirección de Servicios Sociales que lleva tiempo advirtiendo de la situación. Asimismo, ha propuesto sin éxito dos alternativas de alquiler social en viviendas municipales. En concreto, un piso en la calle Benitorena con una renta mensual de 306,01 euros más 63,88 euros de gastos de comunidad y un aval de 1.644,42 euros, y cuyo coste Antonia considera excesivo. La segunda opción es un piso sin ascensor de la calle Santa Bárbara por 242,13 euros y un aval de 1.452 euros, sin gastos de comunidad. Esta última ubicación no le gusta a Antonia que, además, esgrime no tener dinero para pagar el aval con una pensión de 798,13 euros.

El nuevo contrato que firmó el anterior alcalde José Muñoz el 29 de marzo de 2007 con Antonia Linares se apoyó a su vez en un acuerdo de pleno del 14 de junio de 2003 y superó los filtros jurídicos. La ordenanza permitía que al menos uno de los cónyuges fuera mayor de edad, pero no establecía restricciones en caso de fallecimiento. Jesús y Antonia vivieron en un piso de alquiler en la calle Faustino Garralda hasta que se trasladaron hace ahora quince años, el 5 de mayo de 1999, al apartamento municipal sito entre las calles San Miguel y La Fuente. Como tantos otros inmigrantes Antonia llegó a Navarra con apenas ocho años de la mano de su madre procedentes de Villacarrillo, Jaén. Su padre murió con apenas 46 años de tuberculosis y la familia, con cinco hermanos, tuvo que emigrar a Navarra en busca de trabajo. A lo largo de su vida laboral se ha dedicado a limpiar domicilios. Tiene dos hijas y cinco nietos de su anterior matrimonio. En el actual apartamento abona 222,52 euros, además de la luz y el agua, no la calefacción. Han pasado siete años desde que firmó un contrato “sin fecha de caducidad salvo que renuncie voluntariamente tal y como figura” . “Si tengo que pagar gas y piso, ¿de qué como?”, abunda. “No me quiero ir de Burlada, tengo aquí la vida hecha. Y siete años después de que muriese mi marido no tiene sentido que me echen. ¿A dónde voy ahora con 60 años?, si hay un acuerdo municipal no se puede echar atrás”, expone. Asegura además que algunos apartamentos han tardado más de año y medio en ser ocupados. El 3 de julio le fue notificado el acuerdo de la junta de gobierno que establece el “cese” del uso del apartamento al no reunir los requisitos legales. Antonia acudirá a los tribunales para defender su caso y contactará con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Esta vida es muy cruel e injusta, y si no fuera por mis hijos, y porque a mi madre no la puedo abandonar, me dan ganas de tirarme al vacío... Estoy tomando antidepresivos porque sé que van a por mí...”, apostilla.