Nasipa logró 7,3 millones de beneficios con UPN en Egüés

Egüés - El nombre de Ayuntamiento de Egüés está ligado desde hace años a la corrupción urbanística y a las siglas de UPN. Mientras ha habido una hormigonera en activo, asomaba una sombra de sospecha y rondaba una denuncia. En apenas diez años han dimitido dos alcaldes, uno de ellos acusado de prevaricación (Iñaki Galipienzo se fue en 2003) y otro en los tribunales (Josetxo Andía. Andía dimitió en marzo de 2013 al denunciarse la compra de acciones Preferentes con dinero público desde la misma entidad bancaria para la que trabajó y donde estaba de excedencia. De los tres nuevos imputados esta semana por la jueza de Aoiz sólo queda en activo Estefanía Clavero (UPN). Bajo sospecha: los 7,3 millones que obtuvo Nasipa de beneficio en Egüés a costa del Ayuntamiento que le adjudicó inversiones por 64 millones, y el papel de los consejeros de las sociedades públicas en esta opaca gestión al ser concejales de UPN.

Vayamos por partes. A finales de los años noventa la cultura del dinero fácil, el nepotismo y el amiguismo arribó al Ayuntamiento de la mano de Iñaki Galipienzo, que logró mayoría absoluta en un pequeño valle tan privilegiado (estatus social medio-alto) como acomodado (voto para la derecha). Galipienzo fue alcalde entre 1999 y 2003, año en el que se vio forzado a dimitir debido a las irregularidades detectadas en su gestión y al aumento injustificado de su patrimonio (poseía tres casas, dos parcelas y dos coches de lujo durante su etapa); y fue condenado por un delito de prevaricación. El vecino de Gorraiz compatibilizaba su cargo de alcalde con su actividad profesional privada vinculada al urbanismo. ¿Qué se demostró? Que una parcela de Gorraiz de uso escolar fue vendida con su intermediación para la construcción de un apartahotel. Y que cobró.

A Gorraiz no le quedaba mucho suelo que ocupar pero el valle todavía era un terreno virgen para recalificar, pegado a Pamplona y con empresas constructoras al acecho. Galipienzo pretendió abordar sin éxito otras operaciones urbanísticas muy jugosas en suelos adquiridos previamente por promotores. En su intento de urbanizar trigales destacan los planes de Badostáin (en El Mirador proyectaron sin éxito 4.500, y 477 en Badostáin Norte las cuales fueron paralizadas por el TAN). Olaz y Alzuza (en las ‘terrazas’ se pintaron 2.000 viviendas) también se pusieron encima del tablero especulativo aunque no prosperaron. Tras saltar el escándalo Galipienzo, el joven y ambicioso abogado fue sustituido en 2003, pocos meses después de ser nombrado y con el equipo de gobierno intacto, por un empleado de banca, Josetxo Andía, en un cartel (lista de UPN) que también compartía con Carolina Potau, la que fue mano derecha de Galipienzo, y Estefanía Clavero, hoy imputada.

sarriguren y erripagaña Andía entró en 2003 dando una imagen de regeneración y transparencia pese a las peticiones de la oposición municipal para que Potau no siguiese involucrada en la vida municipal. Sin embargo, las investigaciones realizadas al tiempo apuntaron hacia nuevos intereses. O no tan nuevos. Así, lo poco que pudieron gestionar en Sarriguren y Erripagaña se denunció por supuestos tratos de favor. Entre el 2005 y el 2010 el Ayuntamiento lanza viviendas en sus solares beneficiando a una misma empresa, Nasipa, vinculada por otro lado al mismo entramado empresarial en el que estuvo implicado Galipienzo (grupo CIN). En realidad Andía fue continuador de la política impulsada por su predecesor. De hecho, en 2008 UPN y PSN aprueban un Plan Municipal que planifica el disparatado desarrollo de 30.000 viviendas en el valle, sin ninguna justificación. El proyecto fue refrendado en 2012, en plena crisis, revalorizando así muchos de los terrenos ya adquiridos por promotores privados años atrás. El nuevo equipo de gobierno (Geroa Bai e I-E) dio marcha atrás en 2013 a las nuevas manchas de cemento aprovechando la anulación del plan por parte del Gobierno foral que, a su vez, atendió (en 2011) un recurso interpuesto por la plataforma ciudadana. La batalla vecinal unió al valle y fue larga.

Los tres imputados hoy (Andía, Potau y Clavero) coincidieron en el Ayuntamiento entre 2003 y 2011. La jueza de Aoiz, tras examinar la documentación presentada por la oposición municipal (hoy en el gobierno) y por Comptos, escuchará los argumentos de los que fueran cargos políticos (2004 y 2012), a los que podría acusar, en caso de mantener la imputación, de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de caudal público.

Nasipa logró en Egüés entre los años 2006 y 2010 beneficios por valor de 7,3 millones de euros. Comptos reconoce que de no ir de la mano del Ayuntamiento su “incremento patrimonial” hubiera sido 3,43 millones inferior en el desarrollo de un total de 366 viviendas. ¿Y cuánto dinero invirtió realmente Nasipa? Apenas 150.000 euros de capital social. Lo cierto es que el negocio inmobiliario siempre da juego, y también con la VPO y VPT se pueden conseguir márgenes lucrativos. Aunque los precios de venta estén tasados por ley el Ayuntamiento recibe en los nuevos sectores y como caídos del cielo solares de cero. A partir de ahí tenía tres opciones: promover directamente viviendas, vender los solares a Vinsa o crear sociedades mixtas con procedimientos presuntamente amañados, para favorecer supuestamente a firmas empresariales “amigas”. Esta última fue al parecer la opción elegida y, hoy, judicializada.