pamplona - La urbanización de la zona sur del barrio de Azpilagaña, un proyecto que se vendió en mayo como la conexión de los campus de la Universidad de Navarra y de la UPNA a través de un corredor verde dando continuidad al parque de Arrosadia, se encuentra en el aire a la espera de que se fije el juicio que ha de determinar si la reparcelación que impulsó el Ayuntamiento se ajusta o no a la legalidad. La cuestión nada tiene que ver con el enganche verde de esta actuación (un parque de unos 18.000 metros cuadrados), sino más bien con los intereses económicos que se desprenden de la habilitación de una zona comercial (6.000 metros cuadrados) en la que se negocia ya la ubicación de un hipermercado.

La cuestión se resume, según el recurso presentado por la familia Oroz, en que el Ayuntamiento, en la reparcelación, obligó a una permuta de terrenos que dejaba en sus manos la práctica totalidad de la futura superficie comercial, en detrimento de los intereses de esta familia. Y es que 4.000 de los 6.000 metros cuadrados en los que está proyectado el futuro híper forman parte hoy de la vaquería propiedad de los Oroz, parcela que se quedaría el Ayuntamiento para entregar a cambio una superficie similar en una zona de usos terciarios. “Esto es un abuso. Nos quieren obligar a dejar nuestros terrenos para que el Ayuntamiento haga negocio con ellos mientras a nosotros nos mandan al quinto pino”, resumía Martín Otamendi Oroz, hijo de uno de los tres hermanos Oroz Asiaín (Ángel, Elena y José María), propietarios de la vaquería.

Pero eso no es todo, es que además y según denuncia la familia, ya les han obligado a pagar “casi 400.000 euros” en concepto de cuota de urbanización. “Nosotros tenemos una finca que no queremos vender, que nos quieren obligar a vender, y con la que se va a hacer negocio, pero nosotros no vamos a ver un euro, aunque, eso sí, vamos a tener que pagar una millonada... Esto no es justo”, sentenciaba Martín.

Mala fe Según la versión de la familia Oroz, el juicio para determinar la legalidad de la reparcelación y la polémica permuta iba a comenzar a principios de octubre, pero el Ayuntamiento les citó y les prometió que se llegaría a un acuerdo, por lo que el proceso quedó sin fecha. Desde entonces y pese a “interlocuciones incluso con el alcalde” el acuerdo ni se ha producido ni hay “intención real” de obtenerlo, hasta el punto de que la familia asegura tener una carta del juzgado en la que el Ayuntamiento ha pedido a la juez encargada del caso “que nos desahucie”. “Dicen tener buena fe, pero lo que están demostrando es todo lo contrario y, eso sí, por si acaso ya nos han cobrado las cuotas de urbanización”, explicaba Martín Otamendi.

Desde el Ayuntamiento se confirmaba que las obras, que en teoría deberían haber comenzado en octubre (se adjudicaron en septiembre a Arian por 3,43 millones) están paralizadas y aún no hay fecha para su inicio. Sobre las intenciones del equipo de Gobierno de UPN para seguir adelante pese a las acciones legales emprendidas, el titular de Urbanismo, Juan José Echeverría, evitó hacer valoraciones ya que “en cualquier caso se necesita un estudio jurídico para poder contestar a esa pregunta”. Lo que sí es cierto, es que el proyecto no va a cumplir los plazos marcados y no es previsible que las obras puedan comenzar en esta legislatura.

Las obras están adjudicadas

Duda. El Ayuntamiento adjudicó el pasado 17 de septiembre las obras de la primera fase del plan de Azpilagaña sur a la constructora Arian por 3,43 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Es este proyecto el que, además de la prolongación del parque fluvial, incluía la zona comercial en disputa, así como otras de usos terciarios para una gasolinera y dos edificios de oficinas. La pregunta es si un posible retraso en las obras o la suspensión ¿costará dinero al Ayuntamiento por posibles derechos adquiridos por la constructora? - A. Gil

Paralización de la orden de ocupación. El pasado miércoles tanto la representación de la familia Oroz como el Ayuntamiento de Pamplona recibieron una notificación del Juzgado en la que se dejaba sin efecto la orden de ocupación forzosa que había solicitado el Consistorio. Esto, en la práctica, implica la paralización del proyecto a no ser que el Ayuntamiento recurra esta última orden o promueva un proceso de expropiación, poco probable dado que el tema está ya judicializado.

Martín Otamendi Oroz “Es un abuso. quieren obligarnos a dejar la finca para que el Ayuntamiento haga negocio”

Esta es la postura que ha posibilitado la reclamación de la familia Oroz, reclamación que paraliza de facto el proyecto de urbanización de Azpilagaña Sur.

6.000

Metros cuadrados es la extensión aproximada de la parcela destinada al centro comercial. En la actualidad, 4.000 de esos 6.000 metros cuadrados son propiedad de la familia Oroz, según reivindican.

3,43

Millones de euros es el importe total de la ejecución de las obras de urbanización que fueron adjudicadas en septiembre.

90

La ejecución del proyecto lleva acumulados, aproximadamente, 90 días de retraso ya que las obras iban a empezar en octubre.

7

Años es el periodo que ha transcurrido desde el cambio de plan urbanístico para esta zona.

Dos puestos de trabajo. La vaquería de los Oroz sigue en marcha y en la actualidad ofrece dos puestos de trabajo fijos.