La jueza aprieta a Nasipa por las facturas falsas en Egüés

aoiz - La jueza de Aoiz interrogó ayer a la dirección de la empresa Nasipa, en concurso de acreedores, por su participación en la gestión urbanística del Valle de Egüés durante el mandato del regionalista Josetxo Andía (2004-2013), principalmente en la promoción de 366 VPO. Hay doce imputados por responsabilidades contables, tributarias y societarias. Una de las claves en las que insistió la jueza fue la existencia de presuntas facturas falsas entre 2007 y 2009 (la sociedad pública del Ayuntamiento y Nasipa facturaron a la empresa mixta Egüés 21 SA que hizo 228 VPO) para eludir el pago de impuestos, así como el impago de gastos financieros y avales (2010), lo que benefició a la mercantil privada en perjuicio de la empresa municipal tal y como puso de manifiesto Comptos y denunció el nuevo Ayuntamiento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz citó ayer a declarar en calidad de imputados al actual concejal de UPN en el Ayuntamiento del Valle de Egüés Alberto Idoate y al exedil Iñigo Solchaga junto a la cúpula empresarial de Nasipa (Juan Larraza, Gregorio Luis Ezquerra y Miguel Luis Ezquerra), hoy en concurso de acreedores, por el denominado caso Egüés II. Juan Larraza fue el gerente y hombre de “confianza” de Nasipa, el que tomaba las decisiones e interlocutor con el Ayuntamiento, tal y como evidenciaron en el interrogatorio los hermanos Luis Ezquerra, administradores de la empresa. Larraza, que no quiso hacer declaraciones a los periodistas a la salida del juzgado, no aportó nuevas pruebas ante las preguntas de la jueza sobre la emisión de facturas sin soporte documental, según testigos presentes en la declaración. Esgrimió así que dichas facturas fueron dirigidas al “control” de las obras en Sarriguren y a “imprevistos” que surgieron a lo largo de las mismas. La documentación, dijo, la aportó en su día a Comptos. En relación a los gastos financieros que tuvo que asumir la sociedad mixta Egüés 21 SL en lugar de Nasipa para la promoción de viviendas en Ripagaina (el crédito para la compra del 80% del solar y los intereses) -otra revelación de Comptos-, Larraza expuso que el compromiso era pagar los intereses al finalizar la obra porque en la oferta no se fijaba un plazo para su pago. Y que posteriormente llegó la quiebra de la empresa. Ante la pregunta de porqué razón no se reclamaron antes de la quiebra, no hubo respuesta. La jueza también cuestionó el hecho de que los avales (940.000 euros) se devolvieron sin servir de salvaguarda ante los problemas que pudieran surgir con la empresa en la obra.

Ante la pregunta del abogado de la acusación Ángel Ibáñez sobre el conocimiento de que la empresa iba a entrar en concurso de acreedores (lo hizo en junio de 2013) con suficiente antelación, los responsables de Nasipa no tuvieron respuesta. Tampoco al hecho de que, hoy, Nasipa siga construyendo bajo la forma de otra sociedad, aseguró Ibáñez. Por otro lado, Larraza reconoció que las relaciones con el Ayuntamiento se trataban con el exalcalde Josetxo Andía y la exedil Carolina Potau.

Por otra parte, Alberto Idoate, actual concejal de UPN, cuestionó que el nuevo equipo de gobierno al frente de Andacelay (la sociedad pública) a partir de mediados de 2012 no hubiera reclamado los gastos financieros (la comisión de investigación) nada más entrar.

Idoate no supo la razón por la que se eligió un procedimiento para invitar a diferentes empresas en lugar de un concurso a la hora de crear una sociedad mixta para la promoción de VPO, y cómo fue posible que el hecho de que el resto de empresas desistieran. Por otro lado, el abogado de la empresa Joanes Labayen destacó que si bien pudo haber “algún tipo de irregularidad administrativa, en absoluto se puede deducir un delito”. También el letrado de Idoate, Eduardo Ruiz de Erenchun, que a su vez defiende a la actual edil de UPN Estefanía Clavero, aseguró que Idoate -consejero de Andacelay- no participó en la toma de decisiones, además de abundar en el hecho de que no se conocen los hechos concretos por los que se les imputa. La jueza María Luisa Corbacho ha llamado a 12 personas, investigadas tras la denuncia impulsada por el Ayuntamiento y Comptos sobre las sociedades públicas.

claves

Gastos financieros: 1,2 millones. Nasipa no asumió los gastos financieros, 1,2 millones que fueron a cargo de la sociedad mixta (51% pública) Egüés 21 SL. Tampoco pagó los avales de obra (940.000 euros).

2 millones de facturas falsas. Nasipa (privada) y Andacelay (público) emitieron facturas falsas por valor de 1,7 millones (más IVA) a la sociedad mixta que no se corresponden con servicios para evitar tributar a Hacienda el impuesto de sociedades (900.000 euros).

12 imputados. El lunes declararán como testigos en el juzgado de Aoiz los técnicos del Ayuntamiento Alejandro Fuertes (arquitecto municipal), Cristina Condearena (exasesora jurídica), María Sánchez (anterior interventora ) y María de León (exaparejadora).