Piden al arzobispo la gestión compartida del disfrute de la catedral

tudela. La necesidad o no de control de la gestión de una subvención del Gobierno foral para la restauración de la Puerta del Juicio de Tudela y la petición de que se establezca una “gestión compartida de la catedral con el Arzobispado” destapó en el pleno las más genuinas diferencias políticas entre el equipo de gobierno (I-E, PSN y Tudela Puede) y el bloque de la oposición de UPN y PPN, no dispuesta a ningún tipo de “interferencia” en la propiedad privada que ostenta la Iglesia sobre el inmueble de la catedral. La presentación a última hora de una escueta moción de los regionalistas en la que se pedía como único punto que “el departamento de Cultura habilite una partida para 2017 para llevar a cabo la restauración” terminó de desatar la confrontación por un asunto, el de la rehabilitación de la Puerta del Juicio, que a priori parecía aglutinar todos los apoyos.

Sin embargo, una primera intervención de los populares, a través del edil José Suárez, en la que acusaba al equipo de gobierno de “anteponer intereses políticos fundamentalistas

de la izquierda” en la petición de control de la ayuda pública al Arzobispado (plasmada en el último punto de la moción del equipo de gobierno) provocó el reflote de un tema latente

en esta obra, el de la propiedad. Para Gustavo Gil (CUP), en desacuerdo con la forma y plazo de la moción regionalista, “en este asunto todos estamos en el mismo barco, pero no

entiendo por qué a la Iglesia no se les puede exigir una responsabilidad”, se preguntó. En el mismo sentido, Daniel López (Tudela Puede), que apoyó a Gil en su queja por la irregularidad de procedimiento de UPN, opinó que “estoy seguro de que cualquier informe técnico dará por buena la financiación de la Puerta del Juicio”, por lo que se preguntó: “¿qué miedo hay entonces para que se solicite un informe?”, dijo en referencia

al que se pedía en la moción aprobada ayer.

Uno de los más certeros a la hora de contrarreplicar la defensa patrimonial privada de los populares fue el socialista Carlos Gimeno que, tras “poner en valor la voluntad de consenso de todos los grupos” en torno

a la petición de ayudas para el arreglo de la Puerta del Juicio, aclaró que “no es cosa nuestra lo de no diferenciar entre patrimonio público y privado, es la Unesco la que no hace esas diferencias”, apostilló. De forma conciliadora, consideró que “la puerta soporta absolutamente todo, incluso nuestros desacuerdos, pero el control del dinero público es necesario”, señaló. De hecho, tildó de “esencial” el punto de la discordia de la moción de su equipo porque “afecta tanto a los creyentes como a los que no lo son, es el que afecta y recoge a toda la ciudadanía”.

Todo esto no frenó la insistencia de Suárez, que defendió una y otra vez que “no tenemos que interferir en la gestión de un edificio que no es nuestro” porque, entre otras cosas, “que un inmueble reciba subvención y tenga la catalogación de histórico-artístico ya supone una limitación de esa propiedad”, dijo. Ante esta afirmación, el edil de Cultura, Gómez Vidal, defendió la necesidad de “transparencia” y se mostró sorprendido por el revuelo entre UPN y PPN ante la petición de mantener contactos con el Arzobispado para el tema de la catedral, cuando ya existen otros similares con motivo del Palacio Decanal y el Museo de Tudela.