Caso Oncineda, una gran amenaza financiera para Estella

Y es que, en el peor de los casos el Consistorio podría tener que hacer frente a 9,67 millones de euros de indemnizaciones por unos terrenos donde se proyectó la Ciudad Deportiva en 2003 y en los que ni siquiera se ha hecho nada ni hay intención de actuar. A eso habría que sumarle los intereses, por lo que la cifra podría llegar a los 11 millones, el Presupuesto íntegro del Ayuntamiento este año. En cualquier caso, el proceso va para largo.

Desde que empezó a gestarse en 2003 han pasado muchas cosas alrededor de este proyecto, con incontables resoluciones judiciales de por medio que han enredado más la maraña, y con un proceder por parte de las dos últimas exalcaldesas de la ciudad, -María José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN)-, que algunos grupos han puesto en entredicho. “Los grandes beneficiados han sido los propietarios, algunos de ellos promotoras urbanísticas”, sentenciaron desde EH Bildu.

Y es que, le achacan a Fernández que firmara dos anexos a los convenios urbanísticos a última hora de su legislatura volviendo a activarlos tras ser anulados por los tribunales; en el caso de Ganuza, denuncian que rubricó otros cuatro anexos cuando UPN había descartado siempre el proyecto y que, al no tomar decisiones en 8 años, ha puesto en peligro la economía del Ayuntamiento. Entre otras cosas, porque al firmar la regionalista uno de esos documentos elevó automáticamente el precio del total de los terrenos, multiplicando por 2,5 el coste de la posible indemnización a la que se enfrenta el Consistorio.

Antecedentes

Una gran Ciudad Deportiva

El proyecto de la Ciudad Deportiva de Oncineda empezó a gestarse en la legislatura 2003-2007 con el apoyo de 6 de los 7 grupos municipales: PSN, EA, CUE, IU, PNV y CDN. Solo UPN, con Mª José Bozal entonces como número uno, se oponía. El Consistorio, tras decidir la ubicación, convocó un concurso de ideas como paso previo a la redacción del proyecto, concurso que ganó en octubre de 2004 el arquitecto estellés Lorenzo Barnó (Arquilor-Contec) con un proyecto titulado Raíces.

Tras realizar distintas modificaciones al proyecto en los meses siguientes, se decidió, dado el coste del complejo (22 millones de euros), que se realizaría por fases. La primera incluía las piscinas (había problemas ya en 2004 para poder abrir las del Agua Salada), un campo de fútbol de hierba artificial, el edificio social y varias infraestructuras, todo con un coste de 7,79 millones de euros y que, según un informe de Intervención, era perfectamente viable (marzo de 2007).

“Tenía una viabilidad económico-financiera contrastada, demostrada y real”, defiende el concejal de Geroa Bai Ricardo Gómez de Segura, que ya en aquella legislatura era edil y apoyaba la necesidad del proyecto. Para hacerlo viable, entre otras cosas, el Ayuntamiento vendería los 14.780 m2 urbanizables del campo de fútbol de Merkatondoa, de los que esperaba sacar buena parte de la financiación de la primera fase.

Los terrenos

Complicada negociación

Si definir el proyecto no fue sencillo, mucho menos lo fue llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos. Incluso se vivieron momentos de tensión cuando algunos quisieron impedir que se realizasen estudios topográficos en sus parcelas. En enero de 2005 solo “tres o cuatro” estaba dispuestos a vender, y el resto de oponía. En un principio el Ayuntamiento les había ofrecido entre 3 y 4,5 euros m2, ya que entonces seguía siendo suelo rústico. Después decidió subir a 9, pero, aun con todo, el 70% de los propietarios seguía sin estar de acuerdo y el equipo de gobierno ya hablaba de iniciar un procedimiento de expropiación aunque siempre priorizando la vía de la negociación.

En enero de 2006, tras aprobar cuatro meses antes el Ayuntamiento una modificación del planteamiento urbanístico para que los terrenos pasasen a ser urbanizables (incluyendo las parcelas como dotaciones en el Sistema General Deportivo) hubo un giro en las conversaciones. El Consistorio decidió ofrecer unidades de aprovechamiento en Ibarra (en pleno desarrollo de viviendas), a cambio de los terrenos de Oncineda. Todo para no llegar a la expropiación forzosa.

El equipo de gobierno anunció en abril de 2007, un mes antes de las elecciones, que ya había acuerdo con todos los propietarios para hacer las permutas y en los Presupuestos se reservaban 8 millones de euros para la primera fase del Complejo Deportivo. Antes de acabar la legislatura, se formalizaron convenios urbanísticos con todos los propietarios para iniciar el expediente de expropiación de forma negociada, convenios aprobados por la Junta de Gobierno y firmados por la alcaldesa Fernández (PSN).

Todo parecía encaminado, hasta que en cuestión de pocos días, -entre el 30 de abril y el 21 de mayo de 2007-, llegaron nueve resoluciones distintas del TSJN (de distintos propietarios), que declaraban nula la Orden Foral 509/2005 por incumplir el trámite de la exposición pública al haberse producido una “modificación sustancial” del proyecto entre la aprobación inicial y la provisional (se había reducido un 37,2% la superficie ordenada). Con esto, quedaba invalidada la modificación de planeamiento de 2005 dejando sin vigencia los convenios con los propietarios. Y los terrenos, en virtud de las sentencias, volvían a ser no urbanizables (rústicos). Vuelta al principio.

Los anexos

Fernández firma antes de irse

En pleno proceso electoral (14 de mayo de 2007) y en su último día como alcaldesa en funciones (15 de junio), -un dato que denunciaron desde EH Bildu- la socialista Fernández firma sendos anexos a los convenios que habían quedado anulados, lo que significaba volver a activarlos, -según la sentencia del TSJN de octubre de 2016- Esta vez no pasaron por Junta de Gobierno.

Según la formación abertzale, esos dos anexos, “elaborados con la asesoría técnica EIN (de Tudela) y previa tasación de esta empresa”, ponen por primera vez un precio a los terrenos en caso de que se incumpla el convenio (es decir, la permuta por parcelas en Ibarra). Se fijó un precio de 43,94 euros m2 y eso suponía que si el Ayuntamiento no cumplía con su compromiso tendría que pagar 4,4 millones en indemnizaciones por todos los terrenos. “Un precio muy alto para unas parcelas que seguían teniendo la calificación de rústicas”, denunció EH Bildu. Eso sí, se ampliaba de 4 a 8 años el plazo para cumplir los compromisos, dando más margen al Consistorio.

El 14 de mayo Fernández firmó el primer anexo con los propietarios de la parcela 191 del polígono 4 (24.218 m2), y el 15 de junio el segundo con el propietario de la parcela 408, que tenía 4.410 m2. Se acuerda el mismo precio (43,94).

Este periódico ha intentando sin éxito ponerse en contacto con la ex alcaldesa socialista para saber las razones de esas firmas a última hora de legislatura. Y tampoco el PSN ha ofrecido por ahora su versión.

Las indemnizaciones

Ganuza (UPN) las eleva en 5 millones

Otra de las preguntas que se lanzan estos días es por qué UPN, y en concreto la alcaldesa entre 2007 y 2015, Begoña Ganuza, firmó anexos con otros cuatro propietarios al poco de tomar posesión sin pasar por ningún órgano y más cuando su grupo ya había repetido muchas veces que se oponía a la Ciudad Deportiva. Tampoco parece muy lógico que firmase con los propietarios de la parcela 411 (familia Mendiri Ursúa), a un precio que multiplicaba por 2,5 el que se había pactado con Fernández en los dos anexos ya rubricados: de 43,94 a 108 euros m2. Al parecer, la tasación fue presentada por los propietarios y UPN simplemente la asumió.

Pero lo más gravoso para el Ayuntamiento y lo que puede casi triplicar la indemnización que tendría que abonar es que al firmar UPN con una de las partes a ese precio (108 euros), el resto puede agarrarse a una cláusula que había en los convenios y que elevaría su indemnización. “En caso de que el Ayuntamiento suscriba mejores condiciones que las expuestas con otros propietarios afectados por el sistema general, propietarios originariamente de suelo con la misma clasificación, estas serán de aplicación al suscribiente”. ¿Qué significa? Que habría que indemnizar a todos los propietarios a un precio de 108 m2 elevando la cuantía por no entregar terrenos en Ibarra de 4,4 millones a casi 9,7, 5,3 millones más.

Sigue la tramitación

Otros tres anexos firmados por UPN

A pesar de que UPN no quería la Ciudad Deportiva, Ganuza firmó tres anexos más en los meses siguientes, pero esta vez a 43,94 m2 (aunque en la práctica se elevaría a 108 por la cláusula citada). El primero fue el 25 de septiembre con Actividades Alhama (8.614,75 m2) y el segundo, el día 28 con Promociones Herchi (15.845 m2).

Estas dos sociedades se constituyeron pocos meses antes y todo apunta, por fechas, a que lo hicieron para participar en este proyecto concreto. Herchi, radicada en Fitero, se constituyó el 20 de septiembre de 2006. Solo un mes antes sus representantes habían firmado la compraventa de la parcela a un particular y, en pleno proceso de constitución de la empresa, habían firmado el convenio con Fernández. El anexo con Ganuza lo sellaron sus representantes Rafael Chivite Solana y Jesús Navascués Garbayo.

En cuanto a Actividades Alhama, de Tudela, se constituyó el 21 de julio y los plazos fueron similares. A la firma del anexo acudieron en su representación Ignacio Esteban Rodríguez León e Ignacio Chivite Sigüenza. El último anexo (3.155 m2) se firmó a 43,94 euros en abril de 2008, y hay otros tres propietarios que no llegaron a firmar (28.000 m2).

Las contradicciones

¿Por qué UPN sigue firmando?

Esa es la pregunta del millón, ya que UPN no ha dado una respuesta convincente a juicio del equipo de gobierno. Ganuza dijo en rueda de prensa que lo hizo porque “al entrar quedó algún anexo pendiente y tuve que firmarlos. Seguimos con el procedimiento, como tenía que haber seguido cualquiera que hubiera entrado en el Ayuntamiento. Firmé varios anexos, pero no el convenio ni el precio”, se defendió, olvidando que en un caso firmó a 108 euros m2 encareciendo indirectamente todos los terrenos.

Geroa Bai ha acusado a los regionalistas de ser los únicos responsables en este tema y de actuar con “muchas contradicciones”. “Seguían firmando anexos como si apostasen por la Ciudad Deportiva”, pero por otro lado lo “hicieron inviable” al invertir 2,5 millones en Merkatondoa (ya no se podría vender para viviendas) y en las piscinas. Esas inversiones más anular el plan de Merkatondoa hizo que el complejo deportivo ya no se pudiese financiar.

Pero es que, además, a finales de 2007 UPN paraliza el procedimiento. Sí que en septiembre, el Pleno, ejecutando las nueve sentencias del TSJN, acuerda volver a someter a exposición pública el expediente aprobado provisionalmente en junio de 2005 sobre la modificación del PGOU en Oncineda, pero hay alegaciones y no se informa de las mismas. Es decir, no se dan más pasos. Y, además, paralelamente, el TAN estima en marzo de 2008 un recurso de alzada contra el Plan Especial de Oncineda al haber sido anulada la modificación del PGOU. Otro freno.

“UPN hace inviable la ciudad deportiva y en ocho años no entrega a los propietarios las fincas de reemplazo en Ibarra” que dan lugar ahora a las indemnizaciones, denunció Geroa Bai, para quien UPN tenía muchas opciones de solucionar el tema: “si se oponían al proyecto, podría haber denunciado los convenios anteriores y declararlos lesivos para los intereses del Ayuntamiento. ¿Por qué siguen adelante en vez de anular lo hecho hasta el momento?”, se preguntaron.

Además, ante el argumento de UPN de que la oposición ponía trabas a la aprobación del Plan General y que por tanto no se podían entregar los aprovechamientos en Ibarra, Geroa Bai afirmó que Ganuza “tenía la posibilidad de aprobar una modificación puntual en la AR1 de Ibarra, como se hizo en el polígono industrial, o en Remontival cumpliendo con las condiciones exigidas”. Es decir, que en su opinión no había excusas, sino “desidia, falta de interés y ganas de trabajar, lo que ha caracterizado a UPN en su proceder al frente del gobierno municipal”.

Y es que, en febrero de 2013 Promociones Herchi pidió al Ayuntamiento, según EH Bildu, una indemnización recordando los compromisos adquiridos, pero aunque “Alcaldía recibió la petición y la firmó, sin dar cuenta a ningún otro órgano, decide denegar lo solicitado por silencio administrativo. Siguió sin hacer nada aunque tenía tiempo para iniciar el desarrollo urbanístico en Ibarra y Oncineda y haber cumplido con el convenio” sin tener ahora que indemnizar, denunció el grupo abertzale.

De ahí que Herchi acudiera a los tribunales una vez cumplido el plazo para recibir terrenos en Ibarra. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona (mayo 2016) y después la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN (octubre 2016) le han dado la razón y en breve se espera que llegue la sentencia de Actividades Alhama, mientras que no consta que otros propietarios hayan reclamado.

El futuro

Consecuencias para la ciudad

Analizado lo anterior, está claro que Estella se enfrenta a un problema de gran calado (unos pagos de 9,7 millones más intereses). Eso sí, se espera que el proceso sea largo, a varios años vista, y el equipo de gobierno cuenta con dos asesoramientos externos para estudiar todas las vías posibles e intentar minimizar los daños. “Aunque está difícil, vamos a trabajar para encontrar una solución y que el Ayuntamiento no tenga que pagar nada, al margen de las posibles responsabilidades que pueda tener cada uno”, dijeron desde EH Bildu.

Ahora-Orain ya ha dicho que apoya la petición de asesorarse externamente, mientras que Geroa Bai asegura que van a pelear porque el daño al Ayuntamiento sea el menor, aunque se temen que, en cualquier caso, “esto nos vaya a costar muchísimo dinero”. Igualmente, ya han mantenido contactos con el Gobierno de Navarra, puntualmente informado. Además, todos los grupos acordaron por unanimidad pedir a la Cámara Comptos un informe sobre este polémico expediente.

De momento, nadie quiere ponerse en el peor de los casos. “Estaríamos ante una situación financiera gravísima, la más grave que ha tenido jamás este Ayuntamiento, ya que tendría enormes dificultades para hacer frente a los pagos. Y en el supuesto de conseguir financiación a través de un préstamo, las cuentas se verían intervenidas”, añadió EH Bildu. Las posibles consecuencias de una intervención son, por ejemplo, dejar de prestar algunos servicios no exigidos por ley.