Las alcaldesas de diferentes municipios de la Zona Media afectados por el proyecto de expropiación de 122 hectáreas por parte de ADIF para la creación de 13 vertederos donde depositar la tierra extraídas en las obras del Tren de Alta Velocidad han denunciado sentirse “abandonados y desinformados” han pedido al Gobierno Foral el acompañamiento a lo largo del proceso.
Lo hicieron ayer en una sesión de trabajo en comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Ahal Dugu e IE en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Barásoain, Rita Delia Roldán, la alcaldesa de Biurrun-Olcoz, María Luisa Serrano, la alcaldesa de Tiebas-Muruarte de Reta, Yolanda Obanos, y la alcaldesa de Garínoain, Bertha Sánchez.
“Nosotros hemos ido a pedir que los 13 vertederos sean de ocupación temporal y nos los dejen en condiciones de labor, porque sabemos de sobra que el trazado no lo vamos a mover. Queremos que nos acompañen en esa tarea, porque nosotros no sabemos si nos lo están dejando bien”, aseguro Roldán, que añadió que esa es su gran preocupación. “Queremos saber qué contraprestaciones va a tener, porque esta zona ya estamos parcelados por un montón de cosas como la autopista, el ferrocarril y líneas de alto tensión. Encima que somos servidores de infraestructuras, nos sentimos sin contestaciones”, remarcó.
Una voluntad que también trasladó la alcaldesa de Tiebas-Muruarte de Reta. “Necesitamos un técnico que vigile que las tierras ocupadas vuelvan a ser de cultivo. Los Ayuntamientos estamos siendo los grandes receptores de quejas de vecinos a los que nos vemos incapaces de defender”, puntualizó Obanos.
Este proyecto supone una pérdida de valor y patrimonio para estas zonas y, por ello, las alcaldesas temen las condiciones en las que quedaran sus terrenos. “Queremos que nos aseguren que esto es así, porque cada vez que entran a los sitios nos pasa eso. Además, hemos calculado que solo entre Garínoain y Barásoain perdemos un agricultor, lo que es muchísimo”, denunciaron. “Todo no se compra, el patrimonio material e inmaterial también está en el campo”, aseguró Roldán.
Serrano, por su parte, trasladó a los grupos su preocupación por la falta de recursos. “No tenemos recurso económicos ni la formación para enfrentarnos a esto”, dijo, que agregó que es “perverso” que tengan que pagar en un futuro más dinero por una tierra que es suya. “Quién limpiará las tierras que no se recuperen para prevenir el riesgo de incendios?”, planteó la alcaldesa de Biurrun-Olcoz.
A juicio de Sánchez se planteó una “expropiación exagerada y generalizada como única solución” sin haber estudiado alternativas que justifiquen la intervención de una propiedad privada cuando la declaración de impacto ambiental del proyecto planteaba una relación de espacios más adecuados como vertederos existentes, explotaciones abandonadas o zonas a rellenar.
La de Garínoain denunció además que la falta de acceso al contenido del proyecto, que según los técnicos de ADIF no está terminado, “implica una falta de transparencia y un incumplimiento grave por parte del expropiante de los principios legales mínimos de información así como una total indefensión de los afectados para poder realizar alegaciones y conocer el alcance real de la obra”.
Por todo ello, los municipios afectados de la Zona Media comparten un sentimiento de abandono y piden respuestas a las preocupaciones de sus habitantes y acompañamiento durante el proceso.
