El departamento de Cohesión Territorial ha paralizado el expediente que se había abierto contra el Ayuntamiento de Cáseda por haber construido un aprisco, un corral de ovejas, sobre un yacimiento romano.
El nuevo departamento, en manos del socialista Óscar Chivite, ha accedido a la petición del Consistorio, que en julio rogó al Ejecutivo foral que se le dejara de multar mientras se resolviera la petición que un mes antes, en junio, había formulado ante el Servicio de Patrimonio Histórico.
En esa petición, el Ayuntamiento, que sigue en poder del regionalista Jesús Esparza –miembro de la Ejecutiva de UPN–, solicita permiso para realizar una “intervención arqueológica en la parcela afectada a fin de conocer el estado actual del yacimiento arqueológico correspondiente y determinar los posibles restos que puedan preservarse en el subsuelo”.
El Gobierno ha decidido que, hasta que se resuelva la autorización y hasta que se conozca el resultado del sondeo, paraliza el expediente de restauración de legalidad urbanística y con él la orden de derribo. Todo pese a que en junio de 2022 el Ejecutivo obligó a desmontar el aprisco y desde entonces ha puesto dos multas al Ayuntamiento precisamente por no haber llevado a cabo la orden, que entre otras se dio porque la obra no contó con seguimiento arqueológico.
Es lo que ha contestado el departamento de Chivite al grupo de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, que en una pregunta escrita se había interesado por el desenlace de un episodio que se conoció en mayo, antes de las elecciones forales.
Fue entonces cuando este periódico publicó que el Gobierno había multado al Ayuntamiento de Cáseda con 600 € por no acatar la orden de derribar el corral, con capacidad para menos de 500 ovejas.
La obra, una especie de nave industrial, se levantó en 2017 en una parcela propiedad del Ayuntamiento en la que está inventariado el yacimiento de cronología romana y moderna de El Planaz-La Tejería, un lugar “con estructuras de piedra visibles en superficie y abundante material”. Está catalogado en el nivel 2 y, por tanto, goza de una especial protección por parte del Instituto Príncipe de Viana.
Cuando el Ejecutivo supo del proyecto, informó al Ayuntamiento que podía acometer la obra en la parcela, que es muy grande, siempre y cuando se guardara un perímetro de seguridad de al menos 50 metros con respecto al yacimiento. Si esto no se cumplía, el proyecto no recibiría autorización. Lo que pasa es que a principios de julio de 2017, el técnico arqueólogo inspecciona la zona y comprueba que la obra ya se ha llevado a cabo.
Los informes de la Guardia Civil
A partir de ahí, comienza el cruce de documentos entre Ayuntamiento y Gobierno. El consistorio defiende que el yacimiento no estaba incluido entre los bienes protegidos y reconoce que acomete la obra “a pesar de no haberse completado la tramitación urbanística” con la idea de regularizarla después, al no considerar que existiera ningún impedimento.
La razón de haber hecho la obra en esas condiciones está, justifica el Ayuntamiento, en que temían perder una explotación de ovino en el pueblo. El Ejecutivo rechaza las alegaciones y en junio de 2022 da tres meses para demoler lo construido.
Pero el tiempo pasa y no se hace nada. De hecho, un informe del Seprona de la Guardia Civil acredita en octubre de 2022 que el corral de ovejas sigue en pie y con actividad. Eso motiva, en parte, que el Gobierno comience un proceso de multas contra el Ayuntamiento por no acatar la orden.
La primera se dictó en enero de 2023 y tuvo un coste de 600 €. En mayo, y como el aprisco sigue en funcionamiento, el Gobierno emite una segunda orden de multa, esta vez por 1.091 euros.
Los plazos, una incógnita
Pero ahora todo ese expediente de multas –cuyos importes son progresivos hasta los 6.000 €– y derribo se paraliza. El Ejecutivo detalla a 2 de noviembre que, “consultado el Servicio de Patrimonio Histórico por vía telefónica”, el estado de la autorización está “pendiente de resolución”.
Es decir, que todavía ni siquiera se ha concedido la autorización para empezar los trabajos arqueológicos que ahora quiere llevar a cabo el Ayuntamiento y que no hizo durante la planificación, tal y como constató el Gobierno cuando respondió a una de las alegaciones del Consistorio que el proyecto habia carecido de “seguimiento arqueológico alguno”.
Saber que se ha paralizado el expediente ha movido a EH Bildu a querer conocer más detalles. El grupo parlamentario vuelve a preguntar mediante qué acto administrativo se ha acordado la paralización y qué autoridad la ha acordado; si la paralización implica que ya no se imponen más multas; y qué ocurrirá con la “paralización temporal de hecho” adoptada por el Departamento si no hay resolución del tema.
EN CORTO
El alcalde, un histórico de UPN. El Ayuntamiento de Cáseda sigue gobernado por un histórico de UPN, el regionalista Jesús Esparza. Fue parlamentario y tras las elecciones conservó la alcaldía con la agrupación San Zoilo. Es miembro de la Ejecutiva de UPN.
La primera multa: 600 €. El Gobierno de Navarra tramitó la primera multa contra el Ayuntamiento en enero de 2023. Fueron 600 € por no cumplir la orden de derribo emitida en 2022. El Consistorio pagó la multa.
La segunda multa: 1.091 €. Como el Ayuntamiento seguía sin cumplir la orden, el Ejecutivo impuso una segunda multa en mayo de 2023. Ahora se ha paralizado el expediente.
