El Gobierno de Navarra multa al Ayuntamiento de Cáseda por construir un corral de ovejas sobre un yacimiento romano

La dirección general de Ordenación del Territorio resolvió el pasado mes de enero empezar a multar al Consistorio por no haber cumplido la orden de demoler el aprisco, construido antes de cumplir con todos los trámites y que contó con la opinión desfavorable del Ejecutivo foral al no respetar el perímetro del yacimiento de El Planaz-La Tejería.

El Consistorio ya ha abonado la primera multa, de 600 euros, y el Gobierno foral está a la espera del tercer informe de inspección para, en caso de que persista el problema, seguir con las multas, que pueden llegar a ser doce consecutivas y de hasta 6.000 €. 

La historia se remonta a finales de 2016 pero ha trascendido ahora, a raíz de una pregunta formulada por EH Bildu. Entonces, el todavía hoy alcalde de la localidad, el regionalista Jesús Esparza Iriarte, miembro de la Ejecutiva de UPN, solicitó autorización para levantar un aprisco para menos de 500 ovejas en una extensa parcela municipal de suelo no urbanizable.

La entrada en registro de la petición movió al Gobierno a estudiar la solicitud, que se percató de que en esa misma parcela se encontraba el yacimiento de cronología romana y moderna de El Planaz-La Tejería. Un lugar “con estructuras de piedra visibles en superficie y abundante material”, catalogado en el nivel 2 y que goza de una especial protección por parte de la Institución Príncipe de Viana, según la sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del Gobierno.

Sin entorno de protección

Entonces, la dirección de servicio de Territorio y Paisaje respondió al Ayuntamiento que el aprisco, para construirse, tenía que respetar un “entorno de protección” de 50 metros con respecto al yacimiento. Es decir, que se podía haber proyectado en la parcela, que es muy grande y propiedad del Consistorio, pero no justo sobre el yacimiento. De hecho, el proyecto, tal como estaba presentado y "sin mediar interés social o causa de fuerza mayor", no podría obtener la autorización.

Pero ya era tarde. A principios de julio de 2017, el técnico arqueólogo del Gobierno constata que “el Ayuntamiento ha procedido a realizar la obra del aprisco en la localización que se desautorizó en nuestro informe”, lo que encaja perfectamente con lo que refleja el acta municipal de abril de ese año, cuando el alcalde informa al pleno de que la obra está hecha “al 80%” y que solo falta la cubierta.

Registros desactualizados

El Consistorio defiende que el yacimiento no estaba incluido entre los de régimen de protección, y que acometió la obra “forzado por la situación precaria” del corral que se venía usando hasta ese momento en el pueblo. También por la posibilidad de “perder la explotación de ganado ovino que se viene desarrollando en la localidad”, sobre todo por “el posicionamiento del ganadero” de trasladarse a otra localidad por el mal estado de las instalaciones antiguas.

“En marzo de 2017 (...) se optó por iniciar la ejecución del aprisco a pesar de no haberse completado la tramitación urbanística regulada y legalizar posteriormente la actuación al considerarse que no existe ningún incumplimiento que pudiera considerarla incompatible con la ordenación vigente”, justifica el Ayuntamiento, que también trasladó al Gobierno que durante “las obras de excavación para el acondicionamiento y cimentación del aprisco” no se observó “la aparición de lo que pudiera ser un resto de tipo arqueológico”.

Rechazo de las alegaciones

Pero el Gobierno de Navarra rechaza las alegaciones. El servicio de Patrimonio Histórico pone al corriente al Ayuntamiento de que el Consistorio manejó un registro desactualizado que en 2001 incluía 30 yacimientos protegidos, pero que en la actualidad son 56, entre ellos el de Caseda.

También apunta que las coordenadas de ese plan no están al día, “lo que ha motivado que el Ayuntamiento creyera que el yacimiento se encontraba al noreste de en donde en realidad se localiza”. Y, con respecto a que el Ayuntamiento no detectó restos arqueológicos, Patrimonio Histórico recuerda que la competencia está reservada a Príncipe de Viana, y que la obra “careció de seguimiento arqueológico alguno” como para hacer esa afirmación.

Así, el Gobierno ordena en junio de 2022 “la demolición de lo construido”, para lo que da al Consistorio tres meses. Pero pasado ese tiempo el Ayuntamiento no solo no ha actuado, sino que el aprisco está en pleno funcionamiento, tal y como acredita un informe del Seprona de la Guardia Civil fechado en octubre de 2022.

Pasados los tres meses, el aprisco sigue en pie y tiene actividad. Ahora, el Gobierno está pendiente de un nuevo informe del Seprona para continuar con el proceso sancionador en caso de que el Consistorio no haya tomado ninguna decisión para solucionar el problema.