Un informe redactado por varios concejales y abogados tudelanos en diciembre de 1930 pone en duda que el Monasterio de la Oliva deba ser congozante de las Bardenas Reales. Según señala el documento, realizado por una Comisión Investigadora de Responsabilidades que analizó los desmanes, gastos y decisiones arbitrarias realizadas durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), después del abandono del Monasterio de la Oliva con la desamortización de Mendizábal en 1835, su derecho de uso y disfrute de Bardenas desapareció y pasó al Estado. Cuando se volvió a ocupar el monasterio en 1927 por monjes Cistercienses de Getafe, la Junta de Bardenas se arrogó el poder de devolver ese disfrute sin que los congozantes lo decidieran, lo que convirtió la decisión en ilegal, a juicio de varios abogados de la época de aquella comisión.
En ese extremo se basa el análisis que se hizo en aquel año, pocos meses antes de la llegada de la Segunda República (14 de abril 1931). Pero ese documento no se llegó a ejecutar nunca, quizás porque con la llegada de la República, los conflictos políticos (locales, regionales y nacionales) y las urgencias sociales hicieron olvidar, seguramente, muchos de los puntos de aquel informe encargado tras la desaparición de la Dictadura. De hecho, ese informe no se encuentra en el Archivo Municipal de Tudela y sólo existe constancia de él por su publicación en un periódico de la época. El diario Hoy lo publicó el 15 de diciembre de 1930 haciendo referencia a que se leyó íntegramente en el pleno del 12 de diciembre de ese año y se entregó una copia a cada concejal.
De entre los nombres de sus redactores se entremezclan algunos de los mayores terratenientes de la ciudad, abogados, políticos republicanos y también otros que serían concejales de partidos de izquierdas en la Segunda República y que acabaron siendo asesinados pocos años después. El documento lo firmaban a 3 de diciembre de 1930 Vicente Ochoa, Roque Pinilla, Eusebio Martínez, Lucio Ledesma, Melchor García, Domingo Burgaleta y Aquiles Cuadra. Estos dos últimos llegaría a ser, años más tarde, alcaldes de Tudela y ambos serían fusilados.
El informe
Aquel documento tenía como objetivo examinar la actuación de las corporaciones que habían regido los destinos de Tudela del 21 de enero de 1924 al 25 de febrero de 1930 y que eran elegidas de forma “arbitraria” en una época de “abusivo ejercicio de la censura previa” que impedía “toda manifestación de sereno enjuiciamiento”, lo que hacía posible cualquier exceso por parte de los munícipes. Existía la sensación de que los ediles, elegidos en ese período entre los mayores contribuyentes, actuaron “en más de una ocasión como freno poderoso, imposibilitando la apertura de mayores posibilidades” de fiscalizar la actuación municipal.
Las conclusiones hablan de diversos aspectos de la gestión que fueron, cuando menos, poco democráticos, como el nombramiento de varios cargos municipales (jefe de serenos, auxiliar de secretaría y una maestra) realizados de forma arbitraria, los excesivos gastos en viajes y representaciones y también la “concesión de derechos en Bardenas al Monasterio de la Oliva”.
Bajo ese epígrafe, los redactores del documento explicaban cómo el monasterio citado tenía derechos de aprovechamiento y uso en Bardenas “pero quedó privado de los mismos subrogándose el Estado en su lugar por virtud de las leyes desamortizadoras del convenio con la santa sede del año 1859”. Sin embargo, a pesar de ello al establecerse de nuevo en la Oliva la Orden Cisterciense en 1927 “reclamó de la Junta General de Bardenas el reconocimiento de su derecho y así la obtuvo”. En el informe se señalaba que los derechos de la Oliva debían haber pasado al Estado, que se los retiró, o a los demás congozantes por “prescripción” ya que “el Estado nunca ejerció aprovechamiento alguno”.
Sin embargo, esa vuelta al uso y aprovechamiento de Bardenas fue ilegal según los redactores ya que la Junta de Bardenas, que los reintegró, “no tenía autoridad para otorgar aquel reconocimiento solicitado por los Cistercienses”, porque era una atribución “de los ayuntamientos de los pueblos partícipes con autorización de sus respectivas veintenas” (órganos representativos de los municipios compuestos por los más potentados). A su juicio no se convocó a los ayuntamientos para que otorgaran a sus representantes “las facultades necesarias a tal efecto”. Por este motivo en ese documento se señalaba que era “preciso que Tudela comunique a los pueblos interesados y al propio Monasterio de la Oliva que no acepta la concesión o reconocimiento acordados por la Junta General de Bardenas y que no concede al mismo ninguna eficacia”. Por lo tanto ese documento daba por inválida la devolución de los derechos de los monjes sobre las Bardenas Reales de Navarra.
El informe se leyó en el pleno del 12 de diciembre de 1930 y se discutió en varias sesiones posteriores, llegándose a una primera conclusión por la que debido a la premura de tiempo (debía presentarse antes del 14 de diciembre) se acordó “declarar lesivos, en principio, todos los extremos contenidos en el escrito presentado a reserva de que una comisión que se designe estudie el informe sobre los diversos particulares que comprende”.
Para ahondar más en esta situación, el concejal Amigot señaló en eso días que cuando él había representado a Tudela en la Junta Permanente de Bardenas, años atrás, se presentaron ya dos informes de los letrados Ruperto Cuadra (padre de Aquiles Cuadra) y Pedro Oñorbe, que coincidían en lo dicho por los redactores de 1930, y señalaban que “la Junta de Bardenas carecía de facultades y competencia para acordar la concesión de derechos que se hizo a los Padres Cistercienses”, por lo que se pedía a ambos abogados que fueran a ampliar lo que en su día escribieron.
Desaparecidos
Casi 100 años después nada se sabe de esos informes que están desaparecidos, no se adoptó ninguna decisión, ni se siguió adelante con la petición de echar atrás aquella decisión de la Junta de Bardenas que podría ser ilegal. No solo eso, sino que todo el archivo que tenía la Comunidad de Bardenas de más de 800 años de documentos se quemó hacia el año de 1940, por lo que toda aquella documentación desapareció.
Como huella documental quedan las Ordenanzas de Bardenas de los años posteriores a la Desamortización y las posteriores a la decisión de la Junta de Bardenas de 1927 de volver a integrarlos entre los congozantes.
Así, desaparecidos los monjes del Monasterio de la Oliva, en virtud de las Leyes desamortizadoras de Mendizabal, las primeras Ordenanzas que recogen una enumeración de los 21 (al desaparecer el centro religioso) y no 22 congozantes (los históricos) son las aprobadas por la Junta General los días 10 y 11 de noviembre de 1881 y 8 de febrero de 1882, en reuniones celebradas en Tudela. En ellas, tras el listado de los pueblos y valles congozantes, añaden, entre paréntesis, “(el Monasterio de la Oliva tenía también el mismo derecho)”.
La misma mención recoge la reforma realizada el 15 de julio de 1915 y la de 1926, donde sigue apareciendo ese texto entre paréntesis. Hay que esperar hasta las del 13 de agosto de 1935 para que, de nuevo, aparezca sin cortapisas el nombre del Monasterio de la Oliva junto a los de los otros 21 congozantes (Falces, Peralta, Marcilla, Funes, Villafranca, Milagro, Tudela, Corella, Valtierra, Arguedas, Buñuel, Cortes, Cadreita, Santacara, Caparroso, Salazar, Roncal, Mélida, Fustiñana, Cabanillas y Carcastillo).
Partir Bardenas
Habría que destacar que la reincorporación del Monasterio de la Oliva al aprovechamiento de las tierras bardeneras coincidió en el tiempo con la intención de varias localidades, abanderadas por Tudela, de dividir Bardenas entre los congozantes, partir el territorio y cesar el uso comunitario.
Los abogados Abel Lezcano y José Joaquín Montoro aseguraron al Ayuntamiento de la capital ribera que ellos creían, “sin reservas, que los congozantes tienen derecho a pedir en la forma más equitativa y menos onerosa la división de la caza a que afecta el derecho común de todos” por lo que aconsejaron la “interposición de la oportuna demanda de partición del disfrute de las Bardenas Reales, ejercitado hasta el momento presente en condominio con los ayuntamientos de Falces, Peralta, Marcilla, Funes, Villafranca, Milagro, Tudela, Corella, Valtierra, Arguedas, Buñuel, Cortes, Cadreita, Santacara, Caparroso, Salazar, Roncal, Mélida, Fustiñana, Cabanillas y Carcastillo”.
Así lo apuntaban en un pleno municipal de 1926, por lo tanto, no nombraban al Monasterio de la Oliva, que entonces no era congozante.
De la Desamortización en 1835 a la reocupación en 1927
Para conocer un poco de la historia de este monasterio, fundado en el siglo XII de la mano de la orden de San Bernardo, y cómo le afectó la desamortización habría que viajar unos años antes, hasta las primeras décadas del siglo XIX.
La desamortización de Mendizábal (1835) consistió en la expropiación de las tierras eclesiásticas (denominadas ”manos muertas”, por su improductividad) y su subasta de forma pública. Estas tierras habían llegado a la Iglesia a través de donaciones, herencias y abintestatos (sucesiones de personas muertas sin herederos).
Según se explica en el número 18 de Los cuadernos de la transhumancia, la Desamortización de 1835 provocó su abandono y la ruina prácticamente total de gran parte de los edificios que conformaban el recinto monacal.
El 1 de octubre de ese año el ejército liberal ocupó los edificios y sus diez sacerdotes, cuatro coristas y tres legos que lo ocupaban fueron llevados a Tudela, según narra Juan Jesús Virto en La desamortización del Monasterio cisterciense de la Oliva.
En carros militares se sacó el mobiliario más valioso y las provisiones almacenadas en sus bodegas y graneros (420 robos de cebada, 25 robos de alubias, dos carros, cinco mulas y un macho tasado todo ello en 5.550 reales de vellón y 1.536 duros). Con la caravana viajaban también sus animales, tres yeguas, un caballo, una mula, 8 cerdos, 258 cabras, y 266 ovejas.
Días después sus bienes fueron subastados en Tudela con excepción de los objetos religiosos y el archivo que se entregaron a la catedral de Tudela. El ejército liberal, enfrascado en los fragores de la Primera Guerra Carlista, se apropió también de las rentas.
Años después, en 1843 el Monasterio salió a subasta como material de derribo, y hasta el año 1925 fue empleado como una gran cantera de piedra de sillería que sirvió para la construcción de las casas de Carcastillo. De hecho, según narran los historiadores, su censo registró un espectacular crecimiento en la última década del XIX y primera del XX, pasadno de 1.300 habitantes a 2.300, en apenas veinticinco años. Pese a ello había sido declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico por Real Orden de 24 de abril de 1880.
En el año 1927 se hizo cargo del monasterio una comunidad cisterciense que residía en Val de San José, en Getafe (Madrid) y solicitaron a Bardenas recuperar el uso y disfrute de Bardenas, cosa que lograron. Parte de las ruinas en que se quedó el cenobio fueron restauradas y la iglesia se reinauguró el 8 de diciembre del año 1931.
Más de 20.000 pesetas gastadas en 7 años en homenajes y viajes
El informe de la Comisión de Responsabilidades hacía también mención a los gastos del Ayuntamiento de Tudela en aquella época.
Hay que tener como referencia que en aquellos primeros años de la década de los 30, un jornalero ganaba 5 pesetas, o incluso menos, por un día de trabajo. El informe detallaba cómo el Consistorio “había desembolsado” 8.752 pesetas en viajes, 6.703 en homenajes, 2.657 pesetas en pago de libros y 683 en otros gastos titulados como “menudos”. Alrededor de 20.000 pesetas en 4 años, algo que no hubieran ganado aquellos jornaleros ni aunque trabajaran todos los días durante 11 años.
Hay que recordar que en esos siete años (1924-1930) Tudela nombró al dictador Primo de Rivera hijo adoptivo e hijo predilecto de la ciudad, algo que se eliminó en 1930 por petición popular.
Para analizarlo examinaron detenidamente las partidas y vieron que había viajes absurdos como los del alcalde a Pamplona “a saludar al gobernador”, otro del portero del Ayuntamiento “para que vieran en Pamplona el pergamino nombrando al General Primo de Rivera hijo adoptivo de Tudela”, un viaje a Madrid para conmemorar el quinto aniversario de la Dictadura, otro “escandalosamente caro” para entregar al dictador el citado pergamino así como obsequios para el gobernador y para el Ministro de Hacienda.
“No se discute la licitud de todos los gastos que se hagan para gestionar cualquier clase de asunto que guarde relación con los intereses del municipio. Pero es del todo inadmisible que los gastos hechos para ensalzar la política a que se acogieron nuestros ediles, se paguen de los fondos del común”, señalaban los redactores del informe.
En este sentido destacan que ese régimen fue el que les permitió estar en unos puestos “que difícilmente hubieran alcanzado por designación de la soberanía popular”, por lo que apuntaban que a los gasto que realizaron solo por “granjearse el favor del dictador” se unía que ostentaban “ilegítimamente” unos cargos gracias a los cuales usaban el dinero del pueblo, “no puede quedar consentido ni tolerado”, apuntaban. En el informe se pedía que reintegraran el dinero usado para ese fin.
José Antonio Abadía, que fue concejal en esos años, escribió una carta el 3 de marzo de 1931 al nuevo Ayuntamiento pidiendo que ese informe se levara a los tribunales “para poder emitir un fallo aquilatado a la mas estricta justicia. Los acuerdos eran todos absolutamente reglamentarios. Hay que saber quienes han incurrido en responsabilidad, en qué grado para que expíen así los yerros cometidos o puedan en caso negativo ir con la cabeza bien levantada”.
