Una manifestación con más de 2.000 personas ha recorrido las calles de Estella-Lizarra pidiendo “No al cierre” de la sede de la asociación de jubilados Ega y pidiendo una solución. Un tema que está enquistado desde que desde la fundación San Jerónimo, propietaria del inmueble, pidió que se dejaran libres para ubicar allí un nuevo centro de día vinculado a San Jerónimo. Una petición que obvia el contrato firmado por Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Estella y la Fundación en el que se recogía un alquiler para la asociación de jubilados “indefinido”.
Tras recorrer la calles de Estella-Lizarra esta multitudinaria manifestación ha desembocado en los aledaños del Ayuntamiento en el paseo de la Inmaculada. Allí el presidente de los jubilados, Juanto Haro leyó un comunicado en el que calificaba el intento de desahucio de los jubilados como “un acto injusto e inaceptable”. Calificó el posible desalojo de los locales de la calle Arieta como “arbitrario porque ignora el convenio firmado; ilegal al vulnerar la seguridad jurídica y los derechos adquiridos; al mismo tiempo que ignora el carácter público del convenio. También insistieron en que el desalojo ignora los derechos adquiridos por la asociación de jubilados Ega “consolidados a lo largo de 30 años de uso continuado del inmueble”. Así mismo aseguraron que atenta contra la estabilidad de una servicio público “esencial, afectando a cientos de jubilados que dependen de este espació para su bienestar físico, emocional y social.
En este sentido, lo tacharon de “cruel” porque “ataca a una comunidad vulnerable, arrebatándonos un espacio de socialización y Bienestar".
Desde 1990
También recogieron el trayecto histórico de que comenzó en 1990, año en el que este local fue acondicionado por Gobierno de Navarra y Ayuntamiento para ser “un lugar de encuentro, de convivencia y de apoyo para cientos de jubilados, pensionistas y viudas de nuestra ciudad. Un espacio público.Sin embargo ahora la Fundación San Jerónimo pretende desalojarnos de nuestro hogar ignorando estos acuerdos y poniendo en riesgo una comunidad de más de 1.500 personas”
