Concentración en Beriáin contra la presencia de okupas

Según denuncian, el municipio se enfrenta actualmente a una doble problemática. Por un lado, existe una vivienda ocupada desde hace aproximadamente tres años que presenta un avanzado estado de deterioro, hasta el punto de que podría suponer un riesgo estructural. Los residentes critican que, hasta la fecha, ni la propiedad —atribuida a Caja Rural— ni el Ayuntamiento hayan adoptado medidas suficientes para garantizar la seguridad del inmueble ni frenar su degradación. Además, señalan que en este periodo se han producido situaciones que han generado malestar, como el uso inadecuado del espacio público, la presencia de vehículos en mal estado o la tenencia de animales en condiciones que han suscitado preocupación.

Por otro lado, subrayan como especialmente grave la ocupación de un inmueble propiedad del arzobispado que no se encontraba en desuso, sino que albergaba el Ropero Solidario de Beriain. Este espacio, gestionado por voluntarios en coordinación con los servicios sociales, permitía recoger y distribuir ropa y calzado a familias en situación de vulnerabilidad. Como consecuencia de la ocupación, la actividad ha quedado completamente paralizada, dejando a numerosas familias sin este recurso básico y generando, según los vecinos, un “vacío asistencial evidente”.

Frustración y desprotección

Los convocantes aseguran que la situación no es nueva ni desconocida para las instituciones. Afirman haber acudido en repetidas ocasiones a distintos organismos, como los servicios sociales de base, la Guardia Civil, la Policía Foral y el propio Ayuntamiento, sin que hasta ahora se haya producido una respuesta efectiva. Esta falta de soluciones ha incrementado, según indican, la sensación de frustración y desprotección entre la población.

Asimismo, en las últimas semanas se habría percibido un aumento de la tensión en el municipio. Algunos vecinos manifiestan sentirse intimidados por determinados comportamientos, lo que estaría generando un clima de preocupación creciente que afecta a la convivencia diaria.

Los organizadores de la concentración insisten en que la movilización no responde a motivos ideológicos ni a un rechazo de situaciones de vulnerabilidad, sino a la defensa de principios básicos de convivencia, equidad y responsabilidad compartida. En este sentido, consideran “difícilmente comprensible” que puedan mantenerse situaciones como la ocupación simultánea de dos inmuebles mientras el resto de la ciudadanía cumple con sus obligaciones.

Además, informan de que han iniciado una recogida de firmas para instar a las instituciones y a los propietarios a actuar con urgencia dentro del marco legal. “No es aceptable que la solución a un problema individual suponga la eliminación de recursos esenciales para el conjunto de la comunidad, especialmente para las personas más vulnerables”, señalan.

La concentración tuvo como principales objetivos defender el uso social de los espacios municipales, reclamar la recuperación del Ropero Solidario, exigir soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia, y dar voz a una preocupación vecinal que, aseguran, no deja de crecer.

“No se trata solo de una ocupación ilegal, sino de la pérdida de un recurso social esencial para el pueblo”, concluyen.

Por su parte, una de las familias ocupantes ha difundido un comunicado en el que explica que atraviesa una situación de vulnerabilidad y que estaría dispuesta a pagar un alquiler asequible. También señalan haber solicitado ayuda institucional sin éxito. Piden respeto y denuncian acoso, asegurando que sus tres hijos tienen miedo de salir a la calle por posibles enfrentamientos con vecinos.