Un total de 558 personas habían presentado una solicitud en Tudela para la elaboración de un informe de vulnerabilidad, necesario para la consecución del proceso de regulación extraordinaria de migrantes, siguiendo el Real Decreto aprobado por el Estado. Así lo explicó la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Tudela, Aninchu Agüera durante el debate de una moción en contra del proceso (del PP) y otra a favor (de Contigo Tudela) del proceso de regularización en el último pleno municipal celebrado este lunes. El informe de vulnerabilidad es un documento esencial para la actual regularización extraordinaria de migrantes en España, necesario para acreditar situaciones de pobreza o exclusión social.
En el debate, la concejal explicó que en la actualidad hay 15 personas, tanto de servicios sociales, como administrativos y conserjes, trabajando para ofrecer esta documentación, bien a través del SAC o de la sede electrónica y este martes se ha reforzado con una persona más. La edil acusó al presidente Pedro Sánchez, de acometer esta regularización para “blanquear la idolatría que a sí mismo se profesa” y que “ha generado un colapso en el SAC de la noche a la mañana” porque “nadie hasta el 21 de abril había contactado con nosotros”. Agüera afirmó que “se pretende una regulación masiva que no se hace mediante un estudio riguroso, sino que se ha optado para atraer votos. Se usa a los seres humanos para su propia rentabilidad”. Además acusó a Contigo Tudela de hipocresía al negarse a “condenar las dictaduras” y apoyar la regularización de migrantes.
Agüera repitió las mismas palabras que una semana antes había dicho Toquero en la que acusó al presidente de "hacerse una foto en los jardines de La Moncloa, como ha hecho Sánchez, para anunciar la regularización masiva de medio millón de personas y dejar a continuación la responsabilidad en manos de los ayuntamientos, sin dotarlos de los medios necesarios para afrontar el proceso, demuestra la frivolidad e irresponsabilidad con la que actúa el Gobierno de España y, por extensión, su delegada en Navarra, Alicia Echeverría".
Desde el PP, Irene Royo, acusó al Gobierno de “saltarse las leyes”, de “traicionar al pueblo saharaui” y de no llevar esta medida al Congreso, haciéndolo a través de un Real Decreto.
La oposición
Por Contigo Tudela, Eneko Larrarte, recordó a regionalistas y populares que las dos regulaciones que emprendió el gobierno del Partido Popular se realizaron por Real Decreto (en 2000 y 2001 y que legalizaron a más de 500.000 personas) sin llevar el tema a ser discutido al Congreso. Larrarte explicó que se trata de un recurso legal que no se salta ningún principio constitucional, como acusó Royo (PPN). Además, el portavoz de Contigo Tudela recordó que el colapso que está viviendo el SAC es el mismo que se puede ver con las matriculaciones en las piscinas de verano o en las escuelas de 0-3 años. Además ha explicado como la COE, de empresarios, la Iglesia y la agrupación de sindicatos agrarios respaldan la regularización.
Olga Chueca, por el PSN, echó en cara a UPN que sabiendo el proyecto desde el mes de enero no se hubieran adoptado medidas para mejorar el sistema o refuerzo de personal, “es una competencia municipal”, destacó y recordó a Agüera que los migrantes que han regularizado su situación no pueden votar, para eliminar los bulos que se están diciendo y de las que la concejala de Servicios Sociales se hizo eco.
Finalmente sólo se aprobó la moción del PP, por el apoyo de la mayoría absoluta de UPN, que hacía hincapié en que el Ayuntamiento de Tudela “insta al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria”, además de exigir al mismo gobierno a que “cualquier proceso de regularización esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos, así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto”.
