El comité de empresa de la residencia de ancianos Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo que conforman LAB y ELA denunció ayer, a través de una nota de prensa, la “precariedad laboral” a la que se enfrentan a diario además de la “inoperancia y dejadez de la dirección” de la empresa que gestiona la residencia, IDEA, “suplida por parte de las trabajadoras dejando de disfrutar de las vacaciones, de no coger las horas de exceso que se nos debían, renunciando a los festivos que teníamos pendientes y, al fin y al cabo, de darlo todo”.

El comité de empresa criticó la actitud de la dirección de la empresa desde que en marzo “afloraron todas las deficiencias habidas y por haber de un servicio social gestionado por una empresa privada, una dirección que no supo estar a la altura”, en la que según la nota, fueron las trabajadoras las que adoptaban las medidas de prevención que luego la dirección deshacía, con el resultado de 16 trabajadoras y 76 residentes positivos en covid-19.

Señalaron que por primera vez la empresa ha mostrado iniciativa, pero, lejos de mejorar las cosas, “para decirnos que tenemos que trabajar con menos personal todavía y llevar a cabo todas las tareas asignadas, algo totalmente irreal” según el comité de empresa, aduciendo que antes de la pandemia la situación, en cuanto a personal, era deficiente, “siempre trabajando en mínimos”, aunque “desde dirección decían y dicen que estamos por encima de los ratios” que estipula el Acuerdo Marco al cual no está sujeta porque la empresa, porque “decidió en su momento, de manera unilateral, que no se quería adherir, no solicitando plazas concertadas”. Denunciaron que “esta empresa lleva casi 12 años en esta residencia, y lleva 8 años sin actualizar los protocolos de funcionamiento, sin reforzar el personal administrativo, turnos, contratos basura…, al contrario han seguido siempre parcheando con el claro objetivo de obtener el mayor margen de beneficio posible”.

Señalaron que ahora “nos vemos obligadas a trabajar por debajo del mínimo, solicitándonos en algunas secciones no coger las horas de exceso y festivos, que nos deben, hasta el año que viene”, además, denunciaron que en los casos en los que sí se cogen las horas de exceso o en los casos de bajas, los puestos no se cubren, sumando a todo ello que “varios puestos de trabajo no se están promocionando”.

Subrayaron que “la preocupación por las condiciones de las trabajadoras y los residentes es básicamente nulas”, poniendo como ejemplo la visita anual de la empresa de prevención de riesgos laborales, que tuvo lugar en septiembre, “que no duró ni 20 minutos”, y “lo poco que provocó preocupación fue el hecho de que hay 20 camas menos”. El comité señaló que pasaron por alto “el deterioro que han sufrido los residentes tras la pandemia”. En este sentido el comité constató que los residentes necesitan, además de los cuidados para cubrir sus necesidades, cuidados de índole emocional, que el trabajador esté más tiempo con ellos “y no corriendo para cumplir con las tareas impuestas”.

Para finalizar, reivindicaron que quieren “realizar un servicio íntegro y eficiente, humano y solidario”, pero que sus condiciones laborales están congeladas al bloquearse la negociación del Convenio Colectivo, (el último es del 2016-2018). Tras insistir, señalaron, “conseguimos sentar a la empresa a negociar y en febrero de 2020, se nos negó absolutamente todo lo que pedíamos alegando razones económicas incluso para los puntos de aspecto social”. Argumentaron que en junio se les pidió que optaran por los asuntos sociales porque el económico sería rechazado. Algo que hicieron en octubre, al presentar dichas propuestas sociales, que tampoco fueron aceptadas, porque “no era el momento” , aplazando cualquier tipo de negociación hasta febrero de 2021. Denunciaron que “en febrero no había dinero, tras la pandemia no había dinero, y el próximo año no habrá dinero”.