beriáin - El Pleno de Beriáin aprobó ayer, con la única abstención de UPN, mucho ruido de fondo y muy poco debate sobre el asunto en cuestión, recurrir ante el Tribunal Supremo y, en caso de desestimación, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el auto que le obliga a pagar a Caja Rural 3,9 millones de euros -más los intereses desde septiembre de 2013 y los costos del proceso- por un préstamo a la extinta sociedad pública Morelucea. El mes pasado el Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento en 2016 después de que la Audiencia Provincial le condenara al pago de los 3,9 millones al no poder hacer frente Morelucea a los pagos comprometidos para la ejecución de unas viviendas.

El alcalde José Manuel Menéndez (Adelante Beriáin) se remontó a los orígenes del problema y recordó que Morelucea se creó en 2005 para promover vivienda y rentabilizar el patrimonio municipal de suelo. Posteriormente, el Ayuntamiento promovió 115 VPO y 115 viviendas libres en el solar de las antiguas cocheras. Las VPO se vendieron, pero con la crisis llegaron los problemas y solo se vendieron 13 de las 116 viviendas libres proyectadas. Entonces se acordó cambiar la tipología de esas viviendas a VPO para facilitar su venta. Un cambio “que dejaba un desequilibrio en los ingresos de las cuentas del proyecto inicial de unos 3.700.000 euros. Además, traía como consecuencia que se tuviera que reconsiderar y reproyectar la ubicación de las permutas de las cocheras. Tanto Morelucea como Caja Rural pactan entonces continuar con las obras de la segunda fase de las viviendas convertidas a VPO y la reubicación de las permutas de las cocheras sabiendo que hacen falta 3.900.000 euros para acabar de construir unas viviendas que siguen sin venderse”, continuó Menéndez.

El Consistorio presentó como garantía unas parcelas rurales con capacidad para levantar unas 200 viviendas y a la espera de su recalificación como urbanas. Y entendía que, ante la imposibilidad de pagar, Caja Rural debía ejecutar el aval e hipotecar esos suelos. Pero “Caja Rural remitió al Ayuntamiento un contrato sin incluir esta condición. El alcalde de entonces firmó esta póliza de afianzamiento en la que el Ayuntamiento había incluido en forma de anexo tal condición. Sin embargo Caja Rural no firmó la misma y se negó a hipotecar estos terrenos una vez fueron inscritos en el registro”, concretó el primer edil sobre el origen del problema.críticas a caja rural Por último, explicó que a día de hoy Caja Rural “como principal acreedor de Morelucea ha vendido todos los pisos que quedaban por vender. Se ha quedado con los terrenos urbanizables que no quiso hipotecar por un importe de 600.000 euros, cuando originalmente se tasaban en 7 millones. Y ahora nos sigue reclamando 3,9 millones más intereses”, criticó.

Más allá de la invitación posterior de Fernando Jurado (UPN) a no hacer política sobre un tema “largo y peligroso”, o la puntualización de Daniel Ventura (AVB), que dijo que a iniciativa de su grupo se ha abierto un periodo para responder a la ciudadanía sobre cuestiones técnicas del aval que exige Caja Rural (en un pleno extraordinario con presencia del letrado del Ayuntamiento que se celebrará el 23 de mayo), no se habló más de la medida aprobada ayer en pleno.

Diciembre 2013. Caja Rural solicita al Juzgado de 1ª Instancia de Pamplona que el Consistorio pague los 3,9 millones más intereses.

Enero 2015. Se desestima la demanda de Caja Rural y se absuelve al Consistorio.

Febrero 2015. Caja Rural interpone Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra.

Septiembre 2016. Se estima el recurso y se condena al Consistorio al pago.

Diciembre 2016. El Consistorio recurre ante el Tribunal Supremo.

Abril 2019. El Supremo inadmite el recurso.