Hace casi un mes que el pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor decidió, con los votos a favor de Geroa Bai, Navarra Suma, PSN y el concejal no adscrito (ex del PP), y el rechazo de EH Bildu, y AS Zizur, la colocación de 65 cámaras de videovigilancia en el municipio. El concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Andoni Serrano (Geroa Bai), explicó entonces en una entrevista a éste periódico los motivos que llevaron a su grupo a apostar por este sistema, debido a "su carácter preventivo" y para aportar "una mayor seguridad a la ciudadanía".

Pero la decisión, que ya generó polémica entre los grupos municipales por las diferentes posturas, ha llevado también a la creación de colectivos vecinales como Bizi Zizur, que se ha presentado este martes por la tarde de manera pública para demandar, además, una consulta popular con el objetivo de "poder abordar la medida desde la participación ciudadana. Entendemos que hay diversidad de opiniones pero creemos que todos y todas tenemos derecho a decidir en qué tipo de Zizur queremos vivir", han señalado Fernando Sáenz de Ugarte y Ana Gurpegui Suéscun, en representación del colectivo y acompañados de medio centenar de personas.

Han anunciado que han puesto en marcha una recogida de firmas para llevar a cabo esa consulta y es que, dicen, "no nos creemos el discurso del miedo. Los hechos puntuales acontecidos este verano están siendo utilizados para generar alarma social e instaurar un sistema de control social. Para nosotros y nosotras la base de la construcción de una sociedad debe ser la confianza mutua. La solidaridad y la definición de unas bases de convivencia comunes que la respeten", señalan.

Denuncian la "falta de transparencia" del Ayuntamiento durante todo el proceso. "Los y las vecinos y vecinas de Zizur no sabemos qué hay detrás de este proyecto y nos preocupa. Dónde se van a instalar, qué tipo de cámaras, si se ha hecho un diagnóstico previo consultando la opinión de vecinas, vecinos, mujeres, comerciantes, o es una decisión que se toma desde arriba, sin tenernos en cuenta. ¿Se ha pensado en cubrir aquellos puntos negros planteados en el informe Zizur libre que habla de 19 puntos críticos en los que las mujeres sienten inseguridad o miedo? ¿Se ha considerado la opinión del movimiento feminista?", se preguntan.

Critican que se trata de una medida "aprobada a contrarreloj" y que desde el Ayuntamiento se ha "evitado todo tipo de debate, diagnóstico o consulta". El presupuesto inicial es de 150.000 euros "y lo pagamos todos y todas de nuestro bolsillo. No refleja cuál va a ser el gasto real que va a suponer la instalación. Se obvia el coste de su mantenimiento y consideramos que es una cantidad importante que se podría dirigir a proyectos sociales que beneficien a la ciudadanía en vez de gastarse en un proyecto polémico que carece de demanda social".