pamplona/Madrid - El alcalde Joseba Asiron acudió ayer al Congreso de los Diputados para defender, junto a otros representantes municipales del Estado, que se modifique o se derogue la Ley de Amnistía y se introduzca el principio e legalidad internacional en el Código Penal, de manera que las víctimas del franquismo puedan ejercer su derecho a la justicia en España y ser reparadas.
Durante su intervención, anunció que el Ayuntamiento de Pamplona agotará todas las vías judiciales, incluido el Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo, en relación a la querella interpuesta por el Ayuntamiento por los crímenes cometidos en la ciudad, recientemente desestimada por la Audiencia Provincial de Navarra.
Además de reunirse con los grupos parlamentarios integrados en el Intergrupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo, el alcalde de Pamplona firmó el manifiesto de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia que pide remover los obstáculos legales para que se juzguen los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. La iniciativa contó con el respaldo de los ayuntamientos de Barcelona, Cádiz, Madrid, A Coruña, Rivas-Vaciamadrid, Valencia, Vitoria y Zaragoza.
Se trata de una iniciativa impulsada en 2016 por el Ayuntamiento de Pamplona con el objetivo de liderar una reivindicación colectiva de los que fueron silenciados durante 40 años por la dictadura y por los 30 años transcurridos desde la transición.
recursos En el transcurso de la reunión, Asiron anunció que se recurrirá ante el Tribunal Constitucional del archivo de la querella contra los crímenes del franquismo, como paso previo para poder acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige que se agoten todas las vías previas de recursos estatales. La querella impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona fue la primera presentada a nivel nacional contra crímenes del franquismo cometidos en una ciudad. En ella, se solicitaba la investigación de hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona. Se centraba en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se adhirieron personalmente a la denuncia.
En su intervención de ayer en el Congreso, el alcalde destacó que uno de los compromisos de Pamplona, respaldado por la mayoría del Pleno, es el de “buscar justicia por los crímenes del franquismo, tarea en la que Iruña se puso a la vanguardia” de las ciudades españolas con la presentación de la querella en 2017. Al respecto y tras confirmar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, Asiron adelantó que “agotaremos todas las vías judiciales hasta llegar, si es necesario, al Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo porque creemos que es una deuda histórica de esta ciudad con los miles de represaliados por la dictadura”. Finalmente animó a las instituciones a que “superen” la inacción y se sumen y refuercen los trabajos puestos ya en marcha por la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia.
sin reparación Según recoge el manifiesto firmado ayer, “durante los cuarenta años de dictadura franquista, se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista. Hasta ahora, ni una sola de estas personas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Esta inaudita y bochornosa situación no afecta en exclusiva a las víctimas y a sus familiares, si no que concierne a la sociedad en su conjunto”.
Ante esta situación, las corporaciones locales que forman parte de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia y los grupos parlamentarios del ínter grupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo se comprometen a “seguir impulsando las acciones necesarias para poner fin a esta situación de impunidad”.
Además de solicitar la modificación o derogación de la Ley de Amnistía, las ciudades firmantes instan al Gobierno a permitir la extradición de los imputados en la querella que se está tramitando en Argentina. Además, las ciudades se emplazan a “continuar interponiendo en los juzgados querellas criminales contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista contra sus vecinos y vecinas”, y “consolidar el municipalismo como punta de lanza contra la impunidad franquista”. - D.N.
