pamplona - La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, afirmó ayer que la Administración Pública asumió un “elevado riesgo” en la actuación urbanística de Salesianos y recordó que la obra estaba “condicionada” a la venta de parcelas. Así lo manifestó en comisión parlamentaria, donde compareció a petición de I-E para presentar el informe elaborado sobre la “operación urbanística de Salesianos”. Una actuación con la que el anterior Ejecutivo de UPN pretendía trasladar el centro educativo desde su actual ubicación a un emplazamiento “más adecuado para ampliar su oferta educativa”. Según Olaechea, el solar donde estaba ubicado el centro tenía que ser adquirido por la sociedad pública Nasuvinsa y después de la reordenación urbana procedería a vender las parcelas para financiar el traslado del colegio. De forma provisional, porque todavía quedan dos parcelas sin vender, la congregación habría recibido con esta operación 33 millones de euros y la plusvalía que le quedaría a Nasuvinsa sería de 4,26 millones.
A juicio de Comptos, esta es una operación “condicionada a la venta de parcelas y al compromiso de un precio mínimo a pagar a la congregación”.
“Es una operación urbanística diseñada para financiar el traslado y construcción de un centro docente, exceptuando la reserva de vivienda protegida y asumiendo la Administración pública un elevado riesgo”, advirtió Olaechea. En este sentido, consideró que “es de interés general el apoyo a centros educativos pero siempre que se realice en igualdad de oportunidades para todos los centros docentes y siempre que no condicione otras actuaciones de interés general, como ha sido en este caso la eliminación de reserva en materia de vivienda protegida”. Por ello, recomendó “que todas las intervenciones públicas de apoyo a actuaciones de interés general se hagan pero no condicionen la ejecución de otras de interés general”, y emplazó a evitar asumir riesgos para el sector público.
Como ya señaló el informe del órgano fiscalizador el Ejecutivo se comprometió a pagar a la congregación un importe por el solar sin saber el resultado de “la futura venta” de las parcelas que fueron recalificadas para construir más de 400 viviendas de lujo en el Ensanche. Es decir, se densificó la parcela, se utilizó una sociedad pública como financiera (Salesianos solo cobraba) y se adaptó la normativa foral para evitar así la obligación de construir viviendas protegidas en la parcela de la calle Aralar.
En nombre de I-E, Marisa de Simón denunció que esta operación no tiene “nada que ver con el interés público” y que es “el claro ejemplo de lo que no se debe hacer”. Tras lamentar que el entonces Gobierno de Navarra actuó “como especulador”, consideró que este era “un riesgo que no se debía haber asumido”. El regionalista Luis Zarraluqui, que recordó que cuando se vendan las dos parcelas pendientes Nasuvinsa obtendrá plusvalías por valor de 12,2 millones, y añadió que “todas las operaciones tienen riesgo”. Tras subrayar que se está tratando de “sacar petróleo de un pozo que está más que seco”, defendió que esta es una operación “de interés general” y un “acierto”. “Lo volvería a hacer así si tuviera que hacerlo, con Nasuvinsa por medio”, zanjó. La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu quiso poner en valor la actuación del actual Ejecutivo, que además de “reconducir una operación mal pergeñada desde su origen” y “rescatar en cierta medida el interés público irrenunciable”, ha “minimizado el riesgo hasta donde la seguridad jurídica lo permitió, haciéndolo prácticamente inexistente”. De EH Bildu, Adolfo Araiz lamentó que las cosas se han hecho “mal” tanto en la legislatura pasada como en la actual porque la actuación no era “irreversible” y ha criticado el “urbanismo a la carta” del proyecto. “Si esto no es un pelotazo, que venga Dios y lo vea”, aseveró. Mikel Buil, de Podemos, trasladó que eran partidarios de paralizar la operación aunque hubo de realizarse “a pesar de no haber consenso político dentro del cuatripartito”. La socialista Ainhoa Unzu reconoció que esta actuación fue “arriesgada” pero que “los resultados no han sido nada negativos para las arcas forales”, y el popular Javier García dijo que este ha sido un “fracaso” del cuatripartito de intentar “sacar unos trapos sucios que no están sucios sino más que limpios” porque la operación es “totalmente legal”. - Diario de Noticias/ Efe
