pamplona - Ante lo que pueda suceder con el próximo gobierno municipal, 94 entidades legalmente constituidas, entre las que se encuentran grupos vecinales, asociaciones y colectivos de muy distinta naturaleza, han firmado o tienen previsto hacerlo en los próximos días el convenio que regula los usos de los 28 locales municipales y Centros Comunitarios repartidos por los barrios. Los convenios se están firmando de acuerdo a la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento a principios de abril -votaron a favor todos los grupos municipales excepto Aranzadi, que se abstuvo- aunque al encontrarse en trámites de aprobación definitiva se hace referencia a la normativa que todavía sigue en vigor, que data de 1998.

En la práctica, la regulación de los Centros Comunitarios supone la garantía jurídica para los colectivos y grupos vecinales que hacen uso de los mismos después de años de decisiones arbitrarias y ausencia de criterios objetivos en la cesión de los locales.

El descontrol fue en aumento con el tiempo ante la ausencia de una ordenanza que estableciera con claridad las condiciones para disponer de las instalaciones municipales, lo que dio lugar a no pocas quejas vecinales. Con la llegada del gobierno del cambio se hizo un estudio al respecto que detectó irregularidades administrativas en hasta 14 centros de este tipo. Aunque se señalaba que por lo general había habido un uso ordenado y responsable de los espacios, la principal irregularidad detectada fue que faltaban expedientes o resoluciones.

Para corregirlo, la nueva ordenanza se encarga de regular todos los inmuebles municipales repartidos por los barrios, que acogen a colectivos vecinales y a los Servicios de Atención Preventiva Comunitaria, presentes en 8 barrios. Además, fija el procedimiento de cesión (4 años), calendario, horarios -de 8 a 22 horas de lunes a domingo, aunque podrá haber excepciones en determinadas circunstancias- y establece la creación de una Comisión de Gestión en cada centro que se encargará de su correcto funcionamiento.

Esta comisión será la que reciba las solicitudes que vayan llegando a cada centro, la que dé el visto bueno y organice el calendario y espacio a ceder. Estas funciones de programación y de uso de espacios también podrán realizarse por parte de los colectivos usuarios.

Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de la conservación de los centros, así como del alta y mantenimiento de los suministros básicos (incluye los consumos, siempre que sean responsables) y del pago de los alquileres previstos.

Las entidades y personas usuarias de los locales no podrán realizar obras o reformas. Queda expresamente prohibida la difusión de textos con contenidos racistas, discriminatorios o que atenten contra la intimidad y honor de las personas, así como los destinados a publicidad de entidades con ánimo de lucro. “La prioridad siempre ha sido garantizar el carácter abierto, plural e intergeneracional que se quiere dotar a estos espacios”, comentó la concejala delegada del área de Desarrollo Comunitario Esther Cremaes.

Cada Centro Comunitario se dotará de un reglamento interno, teniendo en cuenta las características de cada espacio, en el que regulará el uso y buen funcionamiento de las instalaciones así como las faltas y sanciones en caso de incumplimiento. Periódicamente, el reglamento será actualizado para adecuarse a las nuevas circunstancias a las que haya que dar cobertura legal.