Con cinco hijos, cuatro de ellos menores, una familia está obligada a abandonar su vivienda de protección oficial en el barrio de Lezkairu el próximo 21 de noviembre. El lanzamiento, previsto inicialmente para ayer fue pospuesto por el juez el pasado viernes al entender que no existía solución habitacional.

La familia ocupa una vivienda en el portal 21 de la calle Soto de Lezkairu desde hace tres años, bajo una cláusula de alquiler social. En octubre de 2018 la propietaria del bloque de pisos, Errotabidea SL, les comunicó que no les renovaba su contrato cuando finalizara en febrero de este año. En esos tres años, sostiene la familia, “no hemos dejado nada a deber, y si nos hemos retrasado, lo hemos solucionado en seguida”. La asamblea contra los desahucios de la PAH de Berriozar, que denunció el lanzamiento públicamente, aseguró “que a pesar de que intentaron negociar no fue posible”.

En la vivienda reside la pareja y sus cinco hijos, cuatro de ellos menores. Los dos progenitores se encuentran sin empleo ahora mismo y perciben una renta garantizada de 1.200 euros por parte del Gobierno de Navarra y una subvención del 75% de la vivienda. “Si no fuera por esto no podríamos pagarnos un piso de alquiler normal. Con la subvención pagamos nuestra parte (125 euros), 100 euros comunidad, los gastos y el resto en comida y ropa”, explicó la madre.

La razón para no renovar el contrato, dice la empresa, está en “que el contrato se ha acabado y es una familia que desde el minuto cero ha creado problemas de convivencia en el edificio, y tenemos denuncias de vecinos”. Los inquilinos rechazan completamente esa acusación y denuncian un “mal trato” por parte de la inmobiliaria. “Cuando nos pedían un documento nos decían que lo teníamos que llevar rápido, que si no nos cancelaban el contrato”, afirmó la madre, y añadió que en estos tres años no han tenido quejas ni denuncias.

en busca de solución En estos momentos el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que dirige Eneko Larrarte, busca soluciones habitacionales para esta familia numerosa. El problema, expresó Larrarte, está en que “en estos momentos no tenemos viviendas de emergencia disponibles que reúnan las características porque están ocupadas, es una situación complicada. Durante estos meses, añadió, ha habido “una reunión con la familia y llamadas telefónicas, en las que se les han ofrecido varias viviendas en Tierra Estella, Tudela y Calahorra, que han rechazado”. De cara al próximo mes, Larrarte confía en que la situación se solucione. “Trabajamos día a día, teniendo en cuenta si sale alguna vivienda, o bien porque ellos encuentren con la renta garantizada”. - D.N.