PAMPLONA. El Gobierno de Navarra y Testa han alcanzado este martes un acuerdo para varias promociones de viviendas en Pamplona que han perdido la calificación de protegidashan perdido la calificación de protegidas con el objetivo de que "las familias que residen en estas viviendas y que cuentan con ayudas puedan mantenerse en dichas viviendas". Este acuerdo recoge que el importe de renta no superará los 650 euros y que los inquilinos seguirán manteniendo la subvenciónseguirán manteniendo la subvención de renta por parte del Ejecutivo en la misma proporción de subvención que tuvieran anteriormente.

Así lo ha expuesto este martes el consejero de Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo navarro, José María Aierdi, que se ha reunido con el director general del Grupo Testa, el responsable de la zona noroeste y el gestor del fondo en Navarra para analizar la situación generada en torno a las 390 viviendas en las que había vencido el plaza de calificación de 20 años de manera que han pasado a régimen libre.

En rueda de prensa acompañado por el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, Aierdi ha valorado que "el precio máximo que se vaya a cobrar por una vivienda de tres dormitorios" en dichas promociones vaya a ser de 650 euros. "En función de su tamaño, porque también hay viviendas de 2 y 1 dormitorio, la cantidad debe ser inferior y esas cantidades las estamos negociando y esperemos que esté para el viernes", ha expuesto.

El consejero ha señalado que este acuerdo tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2020. "Ya la empresa había notificado nuevos contratos con importes superiores, de 750 u 800 euros, y esas comunicaciones no tienen efecto y recibirán nueva notificación con las cantidades ajustadas al acuerdo alcanzado", ha indicado, para afirmar que se abre un ciclo nuevo de 7 años.

Aierdi ha detallado que este acuerdo requiere una modificación normativa desde el Gobierno foral por lo que presentarán esta misma semana en el Parlamento navarro una propuesta de modificación de la ley foral del derecho a la vivienda de Navarra en la que se plantea que "para aquellas promociones de vivienda de protección oficial destinadas a arrendamiento y que haya finalizado, la firma de nuevos contratos sea posible con personas que eran inquilinas de esas viviendas".

Según ha dicho, "se garantiza así que las personas que residen en esas viviendas puedan seguir y podrán continuar disfrutando de las subvenciones previstas". "El incremento de coste de esa vivienda será soportado por el vecino y el Gobierno de Navarra en el mismo porcentaje", ha indicado, para precisar que si el inquilino tenía un 75 por ciento de subvención, el 75 por ciento del incremento lo soportaría el Gobierno y el 25 por ciento el vecino.

El consejero de Vivienda ha señalado que con este acuerdo, que tendrá una repercusión para la Hacienda foral de unos 100.000 euros al año, "se resuelve de manera satisfactoria la situación, garantizando el mantenimiento de las familias en esas viviendas".

José Mari Aierdi ha explicado que este mediodía mantienen un encuentro con las plataformas de afectados para darles detalles del acuerdo y la próxima semana se reunirán con los vecinos.

La descalificación de pisos de alquiler social en Pamplona o, lo que es lo mismo, la pérdida de su condición de vivienda protegida con la que sus inquilinos tenían acceso a ayudas del Gobierno Navarra cubren del 25% al 75% del alquiler coincidía en el tiempo con la llegada de un fondo buitre a Pamplona. En un mercado inmobiliario con operadores especulativos, la compra por parte de Testa Residencial de promociones enteras de vivienda de alquiler social en diferentes barrios de Pamplona (viviendas, por cierto, bien ubicadas en barrios como Rochapea, Buztintxuri, San Jorge, Etxabakoitz Norte y Artiberri) está teniendo consecuencias claras en los nuevos contratos y la subida de precios hasta 625 euros en viviendas de dos habitaciones, y hasta 650 o incluso 740 euros (en la calle Sanduzelai) en las de tres dormitorios, sin contar gastos.

Los edificios, que se construyeron hace 15-20 años con ayudas del Gobierno foral, estuvieron en manos de promotoras privadas para pasar después a nombre de bancos (Santander y BBVA, entre otros) y terminar siendo adquiridos por sociedades (SOCIMI que invierten en activos inmobiliarios), en este caso controlada por el fondo buitre estadounidense Blackstone. En su momento estos edificios disfrutaron de ayudas del Ejecutivo que puso como condición que las viviendas fueran de alquiler social durante el periodo convenido (entre 15 y 20 años). A partir de ahí se incorporaban al mercado libre. En el caso de los portales de Marcelo Celayeta (119-131), la descalificación se produjo en verano del año pasado y, en la calle Sanduzelai (2-8) de San Jorge, a partir de este año 2020. Los inquilinos de ambos bloques se han movilizado para pedir al Gobierno foral que intermedie para buscar una solución ante la subida de alquileres y la pérdida de ayudas, que iban del 25% (14.949 euros al año es el tope de ingresos para una persona, y 31.356 para tres) al 75% del alquiler (para ingresos inferiores a 8.793 euros para una persona y de 12.563 para tres personas).