- La Mancomunidad de Residuos de la Ribera anulará el pliego del servicio de limpieza para 17 localidades y volverá a redactar uno nuevoto, prolongando aún más en el tiempo la situación actual. Ayer se dio a conocer la decisión de la Comisión Permanente que ya se conocía desde principios de marzo. En lugar volver a evaluar las cuatro propuestas, tal y como obligaba la sentencia del Tribunal de Contratos, la Comisión Permanente de la Mancomunidad (con el voto en contra de uno de los 9 representantes de Navarra Suma y una abstención de los 3 socialistas) decidió seguir los consejos del despacho de abogados IparBilbao y tirar tres años de trabajo a la basura para volver a empezar de cero, una decisión que se comunicó ayer en asamblea.

Ahora deberán darlo a conocer a las empresas afectadas (FCC y Cespa eran las más valoradas) y se abre la posibilidad de que una o ambas recurran la decisión ya que para renunciar al proceso de licitación y no acatar la sentencia hace falta un informe que justifique la "lesividad" que significaría hacerlo, un informe que ayer pidió la edil de I-E, Olga Risueño, y a la que el presidente Fernando Ferrer no contestó. En su intervención señaló que "en estos procesos hay que guardar sigilo y no puedo dar informes" y añadió que "queremos ponernos a trabajar para las modificaciones del pliego y subsanarlo para que sea más claro y tener una valoración técnica más adecuada". Ferrer no contestó tampoco al coste que ha supuesto a la Mancomunidad ese despacho.

Durante el debate se produjeron diversos rifi-rafes políticos. Uno fue en las propias filas del PSN ya que el edil de Tudela, Ángel Sanz, se desmarcó de las decisiones de sus compañeros y dijo que "más allá de lo que se pudiera votar en la permanente -donde hay tres socialistas- el PSN está en contra de que no se acate la resolución del Tribunal". Ante estas palabras el alcalde de Fontellas primero señaló que el pliego no se adjudicó en mayo (cuando se hacía el cambio de testigo en los cargos) porque "hubo órdenes políticas de no adjudicar", si bien luego añadió que "nadie del PSN me dijo que votara de una manera u otra". Ante esta situación el edil de Corella, Félix Bienzobas, pidió explicaciones "es de una gravedad tremenda lo que se ha dicho". Fernando Ferrer acusó de Bienzobas de tergiversarlo y señaló que "lo que pasó es que los anteriores estaban en funciones y no quisieron adjudicar". Ferrer también reprochó a Sanz que le reclamara "responsabilidades políticas" por la decisión que haya adoptado como presidente.

Risueño también preguntó al gerente Fermín Corella por qué había realizado dos informes totalmente contrarios entre junio y septiembre (en el segundo eliminaba la propuesta de Cespa) sin que "nadie le hubiera pedido hacerlo". Corella se indignó y señaló que "seré el responsable del servicio y como tal vi que había 8.000 horas menos de lo que pide el pliego de barrido. Me duele mucho que después de 29 años se ponga en tela de juicio mi profesionalidad". Risueño le recordó que "esas 8.000 horas menos que hace mención ya estaban en junio y si embargo le pareció muy bien", concluyó.

Agentes de la basura. Se aprobaron las nuevas ordenanzas de limpieza en las que se recoge que la Mancomunidad deberá realizar una labor de inspección del cumplimiento de la ley y tendrán incluso potestad de poder denunciar, ya que serán "agente de la autoridad". Las personas designadas por la Mancomunidad que realicen las labores de inspección tendrán el carácter de agente de la autoridad y los hechos por ellos constatados y formalizados en actas gozarán de la presunción de certeza a efectos probatorios".