como era sabido, a la presunta despolitización de Caja Navarra se le han puesto, más allá de la propaganda, límites. Se la creyó la vicepresidenta Elena Salgado, que la puso como ejemplo para la reorganización de otras entidades, pero Salgado se cree todo, hasta sus propias mentiras, como la de achacar a un error del BON la pifia de anunciar con carácter inmediato la imposibilidad de endeudarse a los ayuntamientos y luego aplazar la decisión hasta 2011. La presunta despolitización de la CAN cayó por tierra el jueves en el Parlamento de Navarra, que designó a Alberto Catalán, Carlos García Adanero (UPN), Roberto Jiménez y Samuel Caro (PSN), miembros de la Junta de Fundadores en una decisión exclusivamente política en todas sus dimensiones. Primero, porque el Parlamento no es una entidad fundadora, por lo que difícilmente se puede justificar su presencia en una Junta de Fundadores. Segundo, porque UPN y PSN se reparten los puestos -remunerados, por supuesto-, y en otra decisión igualmente política excluyen a NaBai, segunda fuerza política de Navarra, IU y CDN. Tercero, porque la Junta de Fundadores es un órgano inútil, sin capacidad de decisión o gestión -sus informes no son vinculantes-, diseñado únicamente para satisfacer el protagonismo y los ingresos de algunos políticos. Y cuarto, porque también es una decisión política incluir en esa Junta a los ex presidentes del Consejo General de la CAN, órgano creado en 2003 que sólo ha sido presidido por Miguel Sanz como presidente del Gobierno. Así, Sanz será, con carácter vitalicio, el único ex presidente presente en la Junta de Fundadores. Cambiar para que nada cambie.
