LA educación debe entenderse como un derecho de toda persona, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que manifiesta el derecho de la persona a recibir una educación, gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales: "Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad", dice la Declaración. En ese marco, la universidad pública y gratuita tiene un papel de equidad y justicia que son claves, porque la educación y el saber son infinitamente más importantes que cualquier pertenencia material. Sapientia melior auro (la sabiduría es mejor que el oro), reza el lema de la Universidad de Deusto. Por ello, aunque los conocimientos nos permitirán el acceso a bienes tangibles, trascienden todo aspecto tangible.
Sin embargo, el espacio universitario está siendo colonizado por conceptos y actitudes extrañas a la secular sabiduría, de la que es depositaria la Universidad como Alma Máter. Desde la invasión en su estructura del campo de la gestión empresarial: evaluación, eficiencia, desarrollo de áreas de negocios, acreditación de postgrados, evaluación de productos, internacionalización de la oferta y la demanda, globalización educacional, restricción al ingreso (exámenes que implican cupos encubiertos), técnicas de gestión sesgadas hacia perfiles administrativistas y de costos, financiamiento alternativo (aranceles a través de contribuciones voluntarias, bonos, aportes a cooperadoras, etcétera), todo ello ha devenido en que la universidad pública y gratuita se ha convertido en un espacio únicamente lucrativo más.
Dentro de esa irracional mentalidad mercantil, se comprende lo que actualmente está ocurriendo en la actual revolución de los profesores de instituto ante la galopante mentalidad privatizante. En una de las numerosas pancartas vistas en las manifestaciones contra los recortes educativos: aparece una: un profesor menos hoy son cuatro policías más en el futuro. A esos profesores hoy ninguneados, hace unos meses se pretendía ofrecer una tarima para "reforzar su autoridad", según clamaba Esperanza Aguirre, autodenominada "política de raza", definición equiparable a la visceral carencia de profundidad reflexiva que atenaza su rancio discurso liberal. Hablo de una representante que ahora bautiza a los mismos profesores como unos holgazanes que no quieren trabajar dos horas más a la semana. ¿Todos esos tertulianos -se preguntaba en tal sentido un columnista- que conscientemente confunden jornada laboral con horario lectivo trabajan sólo el ratito que salen en la tele o se preparan antes sus intervenciones? ¿Todos esos políticos que manipulan ese dato consideran que su trabajo es sólo el tiempo que están sentados en el escaño?
Aguirre prepara desde abajo lo que la tecnocracia liberal-universitaria ejerce desde arriba. Y anuncia y pronuncia lo que nos viene encima. En el caso de Madrid: quiere ahorrarse 80 millones de euros despidiendo a profesores interinos, pero ha aprobado subvenciones fiscales de 90 millones de euros para la escuela privada.
Pero en este mundo al revés, el conflicto, no lo olviden, lo originan los indignados. Cierro este artículo en el vergonzante día del derribo de Kukutza.
Rafael Redondo
