Electricidad sin fondo

EL anteproyecto de la nueva ley para el sector eléctrico aprobado ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno con el pretendido objetivo de finalizar con el déficit de tarifa no es, en realidad, sino una nueva y doble traslación de otra parte de ese déficit al bolsillo de los consumidores. Nueva porque se trata de la segunda reforma en menos de un año, tras la aprobada con el mismo fin en setiembre de 2012; porque supone la tercera subida de la tarifa de la luz -una media del 3,2%, en torno a 2,5 euros por factura en esta ocasión- en año y medio, enésima en el último lustro; y especialmente porque incrementa el encarecimiento del recibo eléctrico que ya había experimentado una subida superior al 60% en esos últimos cinco años, triplicando el aumento medio en la Unión Europea y quintuplicando el de la zona euro en ese mismo periodo. Y es al mismo tiempo doble porque el ciudadano -que ya paga la tercera electricidad más cara de Europa, solo por debajo de Chipre e Irlanda- no solo compensará esta vez el déficit de tarifa vía factura al asumir los 900 millones de euros del aumento en los peajes que se trasladan directamente a los recibos, sino porque al mismo tiempo otros 900 millones serán detraídos de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos de los ciudadanos. Pero es que, además, el incremento de la tarifa eléctrica que será efectivo posiblemente ya desde el mes de agosto, incidirá directamente en dificultar la reactivación económica toda vez que la energía es el segundo factor de coste de las empresas -el primero en algunos casos y especialmente en la industria- e incide directamente en su competitividad. Y, finalmente, que el Gobierno trate de justificar el anteproyecto en la pretensión de que únicamente se traslada al consumidor un tercio de la corrección del déficit de tarifa y que el resto repercutirá en las compañías eléctricas es casi tan obsceno como los niveles de beneficio que estas mantienen y a los que la reforma contribuirá ahora al primar de nuevo el sostenimiento de la energía nuclear con la eliminación de las primas a las renovables y los cierres temporales de las instalaciones de ciclo combinado. Especialmente cuando dicho déficit (26.000 millones en la actualidad) es un pozo sin fondo consecuencia de las reformas emprendidas por otro gobierno del PP, el de Aznar, entre 1997 y 2005.