la palabra crisis, tan manoseada en estos días que nos toca vivir, sirve como saco sin fondo para quienes sin tener otro argumento coherente, justifican sus decisiones a pesar de la responsabilidad tanto ética como jurídica que el cargo que ocupan temporalmente debería llevar inherente.
La Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP) es la titular de todos los centros de atención directa de la discapacidad en Navarra. Sin embargo, aunque es dirigida por cargos públicos y administra dinero de todos los navarros, lleva a concurso cada cuatro años la gestión de estos centros, revirtiendo en empresas privadas (beneficios netos anuales) el dinero destinado a la discapacidad.
En 2005 el departamento de Bienestar Social, mediante mandato parlamentario insta, promueve y lleva a cabo el primer convenio colectivo para todo el sector de la discapacidad. Desde entonces han pasado varios equipos de dirección en el departamento de Políticas Sociales, y dependiendo del color político que toque vivir, los trabajadores que durante estos años nos hemos dedicado a la atención directa de las personas con discapacidad, hemos sufrido de una forma u otra (en unos casos más y otros menos) los envites de los presupuestos y las gestiones de este convenio.
Desde hace cuatro años, y a pesar de tener convenio firmado (en teoría garante de los compromisos adquiridos por la titular de los centros), la ANAP dice que no hay dinero y donde dije digo, digo diego. Se desentiende de los trabajadores y deja la pelota en el tejado de las empresas que gestionan los centros (no olvidemos sus beneficios), argumentando que es un conflicto laboral que no va con ellos. ¿De manera que para imponer la creación del convenio sí son parte, pero para la resolución de problemas generados por ellos mismos ya no lo son? Con todo esto ya llevamos cuatro años con incumplimientos del convenio, hemos dejado de percibir nuestros derechos y estamos en los tribunales por ello. Pero ahí no queda la historia. La ANAP, conociendo de primera mano el conflicto y siendo parte implicada en él, lleva a concurso los centros y adjudica el 80% del sector a una misma empresa con sede en Barcelona. La misma que en ese momento estaba incumpliendo el convenio, y que ha manifestado antes de la adjudicación que va a seguir así. Para rematar esta jugada, se lo adjudican con una bajada del precio del módulo estipulado por la propia ANAP.
De manera que, del dinero que hay presupuestado, la ANAP se quedará con una parte (la correspondiente a la bajada del módulo), en la caja de las empresas hay beneficio, y a los trabajadores del sector de la discapacidad se les niega lo que les pertenece.
Parece que dos partes salen ganando a costa de los derechos de los trabajadores.
Íñigo Alli (consejero de Políticas Sociales), Mariano Oto (director de Políticas Sociales), Gemma Botín (directora gerente de ANAP): no sabemos cuánto tiempo pasará antes de que otras personas ocupen sus cargos, pero ahora son ustedes responsables (definición: Obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona; que cumple sus obligaciones o pone cuidado y atención en lo que hace o decide; persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad).
Dejen de hablar en el Parlamento, en los medios de comunicación, con las empresas y con los trabajadores diciendo a cada uno de ellos lo que quieren oír, cubriéndose las espaldas con medias tintas sin aclarar nada, y gestionen nuestro dinero, el dinero de todos, obligando a cumplir todo aquello a lo que se comprometieron que se recoge y está firmado en el convenio de los trabajadores desde 2009.
Respondan de sus actos, cumplan con sus obligaciones y con sus cargos, desbloqueando la negociación colectiva, generando los mecanismos necesarios para la resolución del conflicto, puesto que la atención directa a la discapacidad no debería mantenerse como un negocio para las empresas y la Administración.
El autor es miembro de ELA-Gizalan
