A excepción de la pólvora, el amianto es la sustancia más inmoral con la que se haya hecho trabajar a la gente; las fuerzas siniestras que obtienen provecho del amianto (...) sacrifican gustosamente la salud de los trabajadores a cambio de los beneficios de las empresas. / Remi Poppe, exdiputado europeo de los Países Bajos
El pasado 19 de noviembre se vio en el Tribunal Supremo de Roma el juicio de casación contra Sthepan Schmidheiny por sus crímenes perpetrados en sus fábricas de amianto de Italia. En la anterior instancia de apelación se le condenó a 18 años de cárcel e indemnizaciones millonarias para las cerca de tres mil víctimas, la mayor parte ya fallecidas. En efecto, 100.000 personas mueren cada año como consecuencia de su exposición en el trabajo al amianto, un compuesto de minerales al que están expuestos 125 millones de personas en todo el planeta, principalmente en actividades relacionadas con la construcción, la industria química, el sector ferroviario y la automoción entre otros.
El pasado 8 noviembre, la Confederación General del Trabajo presentó un escrito ante el Ministerio de Trabajo en Madrid para exigir el reconocimiento de los coeficientes reductores a la hora de la jubilación para todas aquellas personas afectadas en cualquiera de los procesos productivos que se hayan relacionado con el amianto, comercializado como uralita. CGT ha querido denunciar la conspiración de silencio con este material, primera sustancia industrial relacionada con el cáncer de pulmón. O asbestosis. Las enfermedades derivadas de la exposición al amianto tienen un tiempo de latencia de unos 40 años, con lo cual, los trabajadores que han estado expuestos han visto dificultado su derecho al reconocimiento del origen laboral de sus enfermedades asociadas.
Según Paco Puche, militante especializado, va a haber en torno a 50.000 víctimas (sólo en la piel de toro) en los próximos 20-30 años, y subrayó que uno de los problemas latentes es la falta de información, ya que la Seguridad Social se muestra reticente a declararlas enfermedades profesionales y las mutuas también se resisten a reconocer su responsabilidad subsidiaria. ¿Cuándo se le juzgará en serio aquí?
Rizando el rizo, en los tribunales españoles se acude como argumento de exoneración al estado de un supuesto desconocimiento científico, cuando es notorio que ya en 1935 diversos trabajos advirtieron del nexo causal entre amianto y cáncer pulmonar, y que éste fue plenamente confirmado en el año 1955, cuando un demandante inició su vinculación contractual en 1972 y los jueces brindaron a la empresa demandada un portillo ad hoc por el que pudo escurrir sus responsabilidades. Ya en el siglo I, Plinio el Viejo, en Roma, describía la enfermedad existente en los pulmones de los esclavos que tejían ropa de asbesto.
A estas alturas, cuando el amianto está prohibido en más de 55 países y las pruebas irrefutables de su letalidad quedaron establecidas en los años 60, hay científicos en el mundo que siguen defendiendo el uso controlado y no nocivo del amianto blanco, es decir, el que se usa casi exclusivamente en los países que aún sigue permitido. Son, claramente, mercenarios del lobby del crisotilo (amianto blanco), como ha mostrado Paco Báez en su reciente libro El amianto: un genocidio impune.
En otro libro, la periodista suiza Maria Roselli, compatriota de Schmidheiny, Contra la mentira sostenida, deja las cosas en su sitio. En base a una exhaustiva documentación y entrevistas con las víctimas, queda muy clara la naturaleza asesina de la industria del amianto y de sus propietarios, especialmente la citada familia. En efecto, desde 1942 hasta 1992, y bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica, trabajaron unas 55.000 personas para sus distintas empresas, la mayoría negros sin derechos.
Durante los años setenta estuvo al mando de todas las fábricas Eternit que había en el mundo y fue unos de los mayores accionistas de la empresa sudafricana Everite en los peores años del apartheid. Eran propietarios de minas de crocidolita (amianto azul) que destaca por su potencial cancerígeno. Schmidheiny se cuenta entre los 300 hombres más ricos del mundo y puede permitirse amparar miles de ciudadanos ambiciosos con necesidades o pocos escrúpulos. En la búsqueda de buena imagen, en 2013 se instauró un galardón con su nombre: el premio S. Schmidheiny a la innovación para la sostenibilidad. Está mundialmente considerado como un filántropo de la ecología?
¿Qué dijo este señor en Neuss ante unos 30 gerentes de Eternit en Europa? Que él sabía que el asbesto era nocivo y peligroso para la salud, pero que si otras personas se hacían conscientes de eso, tendrían que cerrar o tomar medidas económicas al respecto. Por tanto, les propuso medir muy bien el tipo de información que se daba, diciendo que el asbesto no era perjudicial y que, en cualquier caso, no causaba la muerte y que su riesgo podía ser controlado. Por ello, obviamente, la sentencia le acusa de desastre intencionado.
Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, inició en los años 70 la lucha contra esta industria mortal desde CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Según él, lo de España es difícilmente superable en su zafiedad. En el trabajo de Rodríguez Suárez, Hevia Fernández y Tato Budiño, se indica lo siguiente: “Si comparamos nuestros resultados con las cifras del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se constata que declaramos menos del 0,1% de lo que estimamos tener. Lo que sitúa al cáncer laboral en el puesto de mayor déficit de declaración de las enfermedades profesionales en España”. Nuestro tejado social ha demostrado estar muy podrido. Los materiales que lo componen, periodismo light, iglesia, ejército, monarquía, cierta judicatura, Constitución del 78, democracia dependiente de la troika, estado de derecho, patronal o capitalismo, y que deberían protegernos, ya nos han envenenado bastante. Cambiémoslo. Es el momento.
El autor es arquitecto
