que el PP se presente como una víctima de una conspiración planetaria constituye un insulto a la inteligencia y por consiguiente una afrenta al contabilizarse ya cerca de 850 cargos imputados o investigados en casi una veintena de procedimientos judiciales. Un escándalo que sugiere una corrupción estructural y endémica, y eso pese a la burda instrumentalización por el PP de las altas esferas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado. No es ya sólo que la cúpula del partido se haya afanado por minimizar el expolio de lo público sin purgar de oficio a los saqueadores, sino que su tolerancia ha quedado autentificada con su nulo auxilio a la Justicia. Una obstrucción en realidad, como lo demuestra su expulsión del caso Gürtel por fraude procesal al utilizar su calidad de acusación popular para procurar el archivo de las diligencias contra Bárcenas, su procesamiento como persona jurídica ante la frenética destrucción de los discos duros del referido extesorero o la resistencia ante el juez Ruz para ocultar el pago en negro de las obras de su sede nacional. Con tales antecedentes, y con el resto de los secretarios generales del PP de Aznar citados a declarar, la testifical de Rajoy resultaba un imperativo legal y ético. Más después de confesar Correa las millonarias mordidas sisadas a cuenta de contratos del Estado y de toda la prueba practicada incluyendo la nómina de empresas comisionistas, que ha acabado por acreditar la existencia de la caja b del PP incluso a ojos de la fiscal del caso Gürtel. Obligado a decir la verdad en su condición de testigo, Rajoy se hará el longuis, como en cada comparecencia desde 2009. El creciente hedor de la fosa séptica del PP escapa a su inoperante olfato.
