La Dirección General de Memoria Histórica hizo público esta semana que había solicitado a 656 ayuntamientos la eliminación de los vestigios del franquismo que pudieran quedar en sus municipios, tras detectar el Instituto Nacional de Estadística (INE) que destacadas figuras de la dictadura dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas. Doce años después de la aprobación en el Estado de la Ley de Memoria Histórica -42 desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador- persisten en calles y plazas vestigios del franquismo, consecuencia de actitudes políticas inmovilistas o de pura resistencia de los nostálgicos del régimen. En un momento de rearme ultra y cuando las fuerzas más reaccionarias vuelven a sacar estandartes y banderas a la calle a la sombra de partidos políticos de la derecha y de medios de comunicación que les alientan sin disimulo, en Navarra se sigue profundizando en el reconocimiento de las víctimas que originó el levantamiento militar de 1936 y los años posteriores de represión. El gobierno sustentado por las fuerzas del cambio ha dado otro paso adelante al aprobar a finales del pasado año la Ley foral de Lugares de Memoria Histórica cuyo fundamento es proteger, señalizar, conservar y promover el conocimiento de espacios vinculados con la persecución y asesinato de quienes lucharon contra la dictadura y otros que, sencillamente, fueron ejecutados porque molestaban. Un censo provisional elaborado en 2017 detectó una treintena de lugares que pueden ceñirse a esta denominación. Según la redacción de la norma, serían reconocidos como tales las fosas en las que se sepultaron a fusilados, los edificios de reclusión y asesinato, las obras públicas que fueron construidas por condenados a trabajos forzosos y los memoriales erigidos por parte de familiares, asociaciones, entidades locales e instituciones. Navarra se coloca así a la vanguardia del Estado en este tipo de actuaciones, como también lo ha sido en el reconocimiento como víctimas del franquismo de los bebés robados durante los cuarenta años de dictadura. La ley pretende que estos espacios sean tanto una mirada para conocer el pasado como una herramienta para avanzar en la justicia, la convivencia y la reparación. Para superar esa parte de la historia que se resiste a abandonar las calles y las plazas.