n pleno agosto de 2011, PSOE y PP se cocinaron con toda la nocturnidad y alevosía posible una reforma exprés de la Constitución en su artículo 135 para imponer la prioridad del control del déficit en todas las administraciones como nueva guía de las políticas económicas públicas. La aplicación de aquella jugada -se reformó la Constitución hurtando la consulta democrática a los ciudadanos y sin más apoyo político que el de ambos partidos- ha sido a lo largo de estos años inútil e injusta. Ahora, con la nueva crisis económica, fiscal, social y laboral derivada de la pandemia sanitaria de la covid-19, la Unión Europea ha acordado dejar en suspenso las políticas de control del déficit y de la llamada Estabilidad Presupuestaria abriendo la puerta al endeudamiento público por el bien común. Pero sus efectos legislativos aún perduran. El ministro Montoro (del Gobierno de Rajoy) aprovechó ese espacio legal para reducir la autonomía municipal de los ayuntamientos -con especial efecto en el caso del autogobierno foral de Navarra- e imponerles el control de sus cuentas. Ahora, la ministra María Jesús Montero -aunque dice rechazar la Ley de Montoro- se aferra a ella para intentar apropiarse y utilizar desde el Estado esos recursos municipales, el superávit de miles de ayuntamientos. La gran mayoría de los municipios se oponen -sólo el PSOE apoya la propuesta- y en Navarra todo el arco político, excepto el PSN, y la Federación de Municipios y Concejos están igualmente en contra de este asalto del Estado a las haciendas locales cuando más necesarios son esos recursos propios para hacer frente a las necesidades los ciudadanos en los municipios. Tienen razón los ayuntamientos, incluida la sonora contradicción de los de UPN -en el Parlamento y ayer mismo en el Ayuntamiento de Iruña-, partido que apoyó la ley del PP que permitía asaltar las arcas municipales y ahora se opone a ello. La ministra Montero tendrá que ceder si no quiere sufrir una abrumadora derrota en el Congreso, donde carece de apoyos para sacar adelante su plan. En realidad, como todas las medidas que se pusieron en marcha tras la crisis de 2008 y 2011 en los recortes de los derechos sociales y laborales del Estado de Bienestar, la Ley de Estabilidad fue incapaz de apagar el ansia destructiva y acumuladora de beneficios especulativos a costa de los intereses generales y de la riqueza público. Un estrategia neoliberal del capitalismo de los mercados y la especulación con la que perdieron las personas, más aún quienes han padecido las consecuencias más duras e inhumanas de la anterior crisis-estafa. Si no hay un cambio real de rumbo para hacer frente a esta nueva situación de crisis y las proclamas de construir en esta ocasión una salida diferente sin dejar a nadie atrás son eso, solo proclamas, y todo sigue igual, el resultado volverá a ser catastrófico para millones de personas y para otra nueva generación de jóvenes. Hay otros espejos en Europa donde Navarra puede mirarse. La resistencia de los ayuntamientos es un paso para evitarlo.