finales del siglo XIX unos consorcios internacionales se hacen con la explotación de los yacimientos de Río Tinto y Tharsis en Huelva. La riqueza de las minas hizo prever un importante desarrollo de la provincia, en cuya capital se construyeron infraestructuras ferroviarias para el transporte del mineral (como el llamado muelle Eiffel) así como el hotel más moderno y lujoso del país.
Sin embargo, la riqueza acabó en manos de los accionistas, que también se quedaron con el hotel, pues sus trabajadores extranjeros eran los únicos que podían pagarlo, mientras que en la sierra onubense lo que quedaron fueron escorias, contaminación y enfermedades laborales. Sí que proporcionó puestos de trabajo, pero con unas condiciones laborales que propiciaron, en 1888, una huelga general y la primera manifestación ecologista de la historia, pues también pedían la prohibición de quemar el mineral al aire libre en las minas de cobre, cuyo humo los estaba exterminando. De todo ello se habla en la estupenda novela Lejana y rosa, de Rosario Izquierdo.
La represión de estas movilizaciones causó docenas de muertos, pero además, según el historiador Ximo Guillem de la Universidad de Valencia las minas de Riotinto fueron un laboratorio pionero para generar estas mentiras sobre el medio ambiente y la salud. Ya que, si bien en un primer momento los mineros consiguieron que se prohibiera la quema al aire libre de pirita, tres años después de la matanza, el gobierno, amparado en informes científicos, derogó el Real Decreto que había prohibido la calcinación del mineral y los humos tóxicos volvieron a invadir la comarca onubense. Son conocidas las presiones de las empresas mineras sobre la Real Academia de Medicina que elaboró los informes exculpatorios, así como su "influencia" sobre políticos locales para lograr, tanto la concesión inicial con condiciones ventajosas como la renovación de las técnicas de calcinación al aire libre. Según Guillem, "la construcción de la ignorancia sobre el impacto en la salud de los humos de Riotinto conecta con otros casos más recientes, como la negación del cambio climático o del vínculo entre el tabaco y el cáncer de pulmón".
Más recientemente, hace seis años, en Borobia (Soria), se aprobó la explotación de una mina de magnesita por parte de una multinacional que les prometía empleo y mejoras para la localidad. Hace unas semanas los vecinos denunciaban que, a día de hoy, estas promesas no se han cumplido. Según una entrevista realizada por Andrea Ropero para El Intermedio, la explotación minera ha traído consigo el trasiego y el ruido de hasta 60 camiones al día, mientras que de la residencia, las piscinas, la carretera, la fábrica y los 200 puestos de trabajo ofrecidos no hay ni rastro.
Son sólo dos ejemplos, pero está claro que las empresas mineras tienen fuertes motivaciones para hacer promesas que luego no están dispuestas a cumplir.
La semana pasada Geoalcali-Highfield Resources hablaba de que la Mina Muga, apoyada por los partidos socialista y social-verde del actual Gobierno de Navarra, sería la primera mina "multigeneracional que no dejará residuos en la superficie" y que estaría "a la vanguardia de la sostenibilidad", además de asegurar la creación de 1.800 puestos de trabajo. Y yo me pregunto:
¿Por qué los gobiernos prefieren creer a una empresa con importantes intereses económicos que a los grupos ecologistas que prevén unos residuos que contaminarán cauces y acuíferos; que generarán un transporte pesado por carretera que supondrán importantes emisiones de CO2; que requerirán un ingente consumo de agua?
¿Por qué se han obviado los riesgos geológicos sobre sismicidad en los estudios de impacto ambiental?
¿Qué garantías se les ha pedido a la empresa si no cumplen sus promesas; se han determinado las multas que deberán pagar?
¿Qué es eso de un "mineral verde" que va a facilitar dar de comer a la población mundial? ¿Nos toma el pelo la empresa cuando insinúa que su actividad es ecológica y ayuda a combatir el hambre en el mundo cuando en realidad los abonos químicos acaban empobreciendo el suelo (inicialmente lo enriquecen, pero cada vez se requieren mayores dosis para poder mantener estables los niveles de producción); cuando hacen que el suministro mundial de alimentos dependa a su vez del suministro de recursos limitados y desigualmente repartidos?
¿Qué quiere decir la presidenta Chivite con que los pueblos no pueden ser meras postales? ¿Es que deben consentir con que se destruyan sus paisajes, se contaminen sus aguas y se aumenten sus riesgos sísmicos para salir adelante? ¿De verdad las soluciones para las zonas rurales sólo se encuentran en las grandes empresas y no en los pequeños empleos sostenibles y locales que tejen redes?
¿Qué entiende por sostenibilidad la presidenta cuando la liga a este proyecto? ¿Es ese el tipo de sostenibilidad que se exigirá a los proyectos que se financien con los fondos europeos?
