uando aún no se han apagado los dramáticos ecos de la muerte del joven Abdoulaye, ahogado cuando intentaba cruzar a nado el Bidasoa y cuyo cadáver espera aún su repatriación a Guinea, y con las primeras consecuencias de la crisis humanitaria que se prevé por la huida de miles de personas de Afganistán, la devolución a Marruecos de cerca de 800 menores que permanecían en Ceuta por orden del Gobierno español ha conmocionado a la opinión pública y ha generado estupefacción e irritación pero sobre todo grandes dudas sobre la legalidad de la decisión. En realidad, todo lo sucedido desde la masiva llegada a Ceuta el 17 de mayo de unos 10.000 migrantes -la mayoría marroquíes-, entre los que habría entre 2.000 y 3.000 niños no acompañados ha constituido un verdadero despropósito humanitario y de gestión. Durante estos tres meses, centenares de menores que no fueron devueltos en caliente -en lo que podría ser la primera irregularidad- o deambulando por las calles de la ciudad han permanecido en barracones o naves sin las debidas condiciones. Su repatriación, expulsión o devolución -ahora en frío- forzosa a Marruecos se ha realizado por sorpresa, sin transparencia ni información o comunicación previa a las ONG que trabajan con los menores. Tanto las organizaciones humanitarias como el Defensor del Pueblo e incluso el propio Ministerio de Derechos Sociales consideran que esta operación ordenada por el Ministerio del Interior que dirige el exmagistrado Fernando Grande-Marlaska imcumple la legalidad y vulnera los derechos de los niños extranjeros, que por ley deben ser escuchados para el cumplimiento de su voluntad y muchos de los cuales han reportado violencia física, abusos y malos tratos en su país de origen, incluso por parte de familiares. De hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Lo de menos ahora -con ser grave- es la nueva brecha que se ha abierto entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Podemos) por este asunto y la situación en la que queda Marlaska. Un Gobierno democrático no puede actuar de manera opaca y sin el más escrupuloso respeto a los derechos y garantías que protegen a menores especialmente vulnerables. Urge, por tanto, una explicación clara y precisa, avalada por los datos y documentos del procedimiento emprendido, sobre unos hechos bajo seria sospecha de ilegalidad.