a noticia de la limitación del precio de los test de antígenos adoptada la pasada semana por el Gobierno de Pedro Sánchez es un ejemplo más de cómo con voluntad política se podría limitar por ley el precio de otras muchas necesidades básicas para la vida de miles de personas. Ahora han sido los test, antes fueron las mascarillas, los geles... en una situación de crisis sanitaria sin precedentes que sin duda ha agravado y mucho las desigualdades sociales. Son muchos los hogares que no pueden hacer frente a tanto gasto extra, gastos que se suman a otros muchos disparados mientras los salarios y las condiciones laborales siguen a la baja. Los efectos del virus se están dejando notar fuertemente en la economía, sobre todo en una subida de los precios que según se ha confirmado al cierre de 2021 no se conocía en los últimos 30 años, con una inflación situada en el 6,7%. Por encima de ese porcentaje deberían subir los salarios para poder hacer frente al coste de la vida y así poder pagar la luz, el gas, el teléfono o la comida más básica. Por no hablar ya de la vivienda, ese derecho convertido en privilegio, con alquileres tan disparados que son inalcanzables para quienes necesitan un hogar. Esta pandemia ha cronificado la desigualdad. La situación vivida está golpeando mucho más a los hogares vulnerables, aquellos con ingresos bajos y situación de pobreza persistente, aumentando una peligrosa brecha en la sociedad.
