Convenio, cupo y solidaridad

Antes que nada, es preciso tener en cuenta que el Convenio Económico es un derecho histórico pre-constitucional en el tiempo. No surgió, ni fue promulgado como consecuencia de la Constitución ni del Amejoramiento, aunque en tales normas posteriores en el tiempo se le otorgó un reconocimiento expreso.

De todos modos, el debate sobre la naturaleza de los derechos históricos o fueros es un debate ideologizado, en el que se han hecho y se hacen muchas falsificaciones, mentiras y trampas. Ésta puede ser una de ellas. ¿En qué consiste el debate? En querer quitar al Parlamento de Navarra la competencia de intervenir -bilateralmente- en el establecimiento de “índice de imputación”, que es el porcentaje de los Presupuestos del Estado conforme al cual Navarra contribuye o aporta al mantenimiento de los gastos del Estado no transferidos. Entre los gastos no transferidos están no solo las transferencias pendientes, sino también los gastos de las competencias atribuidas al Estado; o sea desde la Monarquía y el Ejército hasta las relaciones exteriores, etcétera.

¿Quitárselo al Parlamento y atribuírselo a quién? A un órgano administrativo, llamado la Comisión Coordinadora. Efectivamente, hay tres órganos formalmente bilaterales, pero funcionalmente instrumentales, creados en el ámbito del desarrollo del Convenio Económico para vehiculizar su funcionamiento. Uno es la Comisión Negociadora, en el que tienen cabida las representaciones políticas; otro es la Junta Arbitral, que como su mismo nombre indica tiene la condición de instancia de arbitraje última en el cauce administrativo o pre-judicial. El tercer órgano aparentemente bilateral es la Comisión de Coordinación. De estas tres comisiones, la llamada Comisión Coordinadora es el menos político, el menos representativo, es estrictamente técnico y está constituido por 6 miembros-funcionarios de la Hacienda Estatal y 6 miembros-funcionarios de la Hacienda Foral. Es a este órgano, teóricamente técnico, al que se le pretende ahora otorgar el poder de decidir, no solo en cuanto a los cálculos técnicos del cupo o aportación (que es a lo que se debe limitar), sino también en la determinación del “índice de imputación”.

El “índice de imputación” actual de Navarra es el 1,6%, mientras que demográficamente sus habitantes suponen el 1,2%. Ese 0,4% de los Presupuestos del Estado es la “solidaridad”, que pagamos los navarros y navarras. Es obviamente una cuestión política y si se quiere también social, pero rebajarla al rango de decisión técnica o administrativa es degradar políticamente al Convenio. Habría que recordar que la solidaridad es patrimonio y seña de identidad de las personas libres.

¿Y cuáles son los argumentos, que utilizan los que defienden este cambio degradante? La consejera de Hacienda Sra. Saiz y el Sr. Remírez dicen que se hace así y que el cambio no es para tanto. El impulso de este intento de cambio ha sido, sin duda, -una vez más- del centralismo de Madrid, que, dicho sea de paso, es el que siempre y en todos los casos ha quitado y recortado las competencias a Navarra... Lo que pretende Madrid, como siempre, es reducir el derecho originario y pre-constitucional de Navarra a una mera cuestión descentralizadora de carácter técnico; o sea, el café para todos. Srs. Saiz y Remírez, si no tiene importancia, que se quede como está.

Ha echado una mano en el debate José Antonio Asiáin, aprovechando el quite para intentar auto-florearse, permítaseme la expresión. En su artículo Así se fija la aportación de Navarra al Estado hace y repite un argumento saduceo consistente en que como es la Comisión de Coordinación la que hace el cálculo de la aportación, que es lógico que también establezca el “índice de imputación”. Como si se tratase de una cuestión meramente técnica, propia de altos funcionarios. Pues no; es una cuestión estrictamente política. La función de la Comisión de Coordinación es calcular con las bases e índices políticamente acordados, para su sometimiento a las decisiones políticas.

La renovación del Convenio y su supeditación a la normativa dimanante de la Constitución-Amejoramiento tienen la debilidad de que no se defendió entonces, como era debido, y no se defiende ahora el rango de derecho histórico originario, que tienen las competencias fiscales de Navarra. Las competencias fiscales vasco-navarras, dado su carácter originario, debieran tener un reconocimiento en el Ecofin y, en vez de eso, se ha degradado el debate al nivel de si el “índice de imputación” lo debe establecer un órgano exclusivamente técnico. Si el cupo se puede calcular que va a suponer de 550 a 750 millones anuales durante el próximo quinquenio, y eso es el 1,6%, cada 0,1% va a ir de 35,10 millones de euros para arriba; es decir, la solidaridad autonómica nos va a costar más de 110 millones al año.

El ejercicio democrático y moderno de los derechos históricos y a la vez la única fórmula de defensa efectiva de los mismos es el derecho político a decidir, que es la base de la verdadera bilateralidad. ¿O es que algún insensato o insensata va a seguir defendiendo en el siglo XXI la posibilidad de pactar sin capacidad de decidir? Desgraciadamente el pecado original de la LORAFNA es no haber sido sometido a referéndum, lo cual no es solamente una cuestión teórica, sino un verdadero peso muerto político. El hurtar la determinación del “índice de imputación” a las instituciones políticas y atribuirlo a un órgano supuestamente técnico sería otro ataque al derecho a decidir, o sea, al fuero y a los intereses de navarras y nvarros; es decir a Navarra.

Y mientras tanto, UPN por ahí, silbando en la vía.

El Convenio Económico es un derecho histórico pre-constitucional en el tiempo. No surgió, ni fue promulgado como consecuencia de la Constitución ni del Amejoramiento

El pecado original de la LORAFNA es no haber sido sometido a referéndum, lo cual no es solamente una cuestión teórica, sino un verdadero peso muerto político